23J: CERMI presenta sus propuestas para garantizar derechos e inclusión de personas con discapacidad

Las elecciones y la campaña electoral deben tener en cuenta a las personas con discapacidad para asegurar su pleno ejercicio de ciudadanía y promover una democracia inclusiva. La accesibilidad y la consideración de sus necesidades y demandas en las propuestas políticas son aspectos fundamentales para garantizar su participación equitativa y fortalecer nuestra sociedad democrática.

Por un 23J inclusivo que garantice la participación plena de todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad

Las elecciones y la campaña electoral son momentos clave en la vida democrática de un país, donde se elige a los representantes y se toman decisiones importantes para la sociedad en su conjunto.

Así, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado en un documento sus propuestas en materia de derechos, inclusión y bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias para los programas electorales de las formaciones políticas para las próximas elecciones generales del 23J.

El documento reclama incluir en las candidaturas y en la campaña electoral a personas con discapacidad en posiciones de salida, es decir, a fomentar su participación política, así como a defender sus derechos y bienestar.

De esta forma, recoge la accesibilidad universal como principio orientador, entendiendo como tal la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Las personas con discapacidad son ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y deberes que el resto de la población

El CERMI dedica un apartado a las mujeres y niñas con discapacidad y madres cuidadoras, pues considera necesaria “la elaboración en el primer año de la nueva Legislatura de una macroencuesta sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, así como la revisión del ordenamiento jurídico para prohibir y suprimir prácticas contrarias a los derechos humanos de las personas con discapacidad”.

Otro de los ejes tratados son los derechos sociales de las personas con discapacidad. En este sentido, apuesta por aprobación de una Ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales, que asegure para toda la ciudadanía una cobertura social suficiente y la aprobación de una Ley Integral de Protección a las Familias que ordene, sistematice, actualice y amplíe los apoyos de todo tipo que las familias reciben de los poderes públicos.

El documento vinculado con los derechos de las personas con discapacidad y con su inclusión ha sido aumentar en la legislatura hasta el 50 % la tasa de actividad de perso­nas con discapacidad, aprobar una ley estatal de emprendimiento so­cial, modificar la Ley Orgánica de la Educación y su normativa de desarrollo para establecer en la legislación educativa el derecho a la educación inclusiva de calidad.

Asimismo, solicita crear en el seno del Ministerio de Educación la Delegación del Go­bierno para la Inclusión Educativa, lograr un Pacto de Estado en materia de dependencia y autonomía per­sonal a partir del cual replantear la Ley 29/2006 que regula este dispositivo de protección social, actualizar la legislación sobre derecho a la salud, atención sanitaria y co­hesión y calidad del correspondiente sistema nacional y creación de un Fondo de Cultura Inclusiva que se nutra de las aporta­ciones correspondientes al 1 % de todas las partidas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas a materias culturales.

Es necesario que las elecciones del 23J y la campaña electoral sean accesibles para que puedan ejercer su derecho al voto de manera autónoma y sin barreras

La accesibilidad es un elemento esencial en este contexto. Los locales de votación y los materiales electorales deben ser accesibles para personas con discapacidad física, visual, auditiva o intelectual. Esto implica contar con rampas, pasillos amplios, señalización clara, papeletas en formatos accesibles como braille o lectura fácil, y disponer de sistemas de apoyo como intérpretes de lengua de signos o bucles magnéticos.

Además, es importante que los partidos políticos y los candidatos tengan en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad en sus propuestas y programas electorales. Esto implica abordar temas como la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades en el empleo, la educación inclusiva, la atención sanitaria adecuada, la vivienda accesible y la plena participación política.

La inclusión de las personas con discapacidad en las elecciones y la campaña electoral del 23J no solo es un deber ético y legal, sino que también enriquece la democracia al ampliar la diversidad de voces y perspectivas en la toma de decisiones. Garantizar su participación activa y significativa contribuye a construir una sociedad más justa e inclusiva.