Cermi denuncia que España incumple la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Recientemente ha tenido lugar un importante encuentro para debatir el cumplimiento, por parte de las instituciones españolas, del Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi, ha sido uno de los principales actores de este encuentro, que ha acabado denunciando además, "el incumplimiento reiterado" de estas normativas recomendadas por las Naciones Unidas.

En dicha reunión virtual, que ha tenido lugar de forma virtual, también han participado otras figuras representativas en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional, como la defensora de las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia, Teresa Navarro Ferreros, así como Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres y la vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para los derechos de las personas con diversidad funcional, Amalia Gamio.

Cermi Mujer en pie de guerra por los derechos

Durante el debate, se puso sobre la mesa el grado de cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el Estado español, según las recomendaciones que las Naciones Unidas le realizó en 2011 y 2019. Algo que implica no solo a los poderes públicos, que incluyen a los tribunales, sino también al trabajo que se ha realizado a nivel legislativo para adaptar y mejorar la legislación vigente a la promovida por el CDPD.

Las opiniones a este respecto fueron bastante unánimes a la hora de señalar que aún quedan muchos aspectos denunciables en España con respecto a estos dictámenes. Concretamente en el ámbito de las mujeres con discapacidad. Amalia Gamio, señalaba que a pesar de que organismos como el Cermi y similares, facilitasen herramientas a las administraciones pública, “no se están desarrollando las políticas precisas para evitar la discriminación de mujeres con discapacidad”.

En la misma línea, Isabel Caballero, de Cermi Mujer, quiso reclamar “más datos estadísticos pormenorizados que nos permitan conocer cuántas mujeres con discapacidad han interpuesto una denuncia por violencia machista, cuántas las han retirado, y cuántos niños nacen con discapacidad o la adquieren como consecuencia de la violencia de género que reciben”. Unos datos más que necesarios para hacer un retrato necesario de las mujeres con discapacidad que sufren situaciones de violencia y poder atender sus necesidades.

La violencia de género desatendida

La coordinadora de Cermi Mujer, hizo especial hincapié en esta situación de desatención de este colectivo concreto, para las que además exigió “que se realicen auditorías de accesibilidad a los servicios sociales dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género”, algo esencial para que las mujeres con discapacidad puedan acceder a la justicia y a sus derechos. Por su parte, Gamio aseguró que "mientras se siga negando la igualdad de las mujeres con discapacidad ante la justicia no se podrá lograr tener acceso al resto de derechos”.