La ley de Acta Europea de Accesibilidad beneficiará a 4,3 millones de personas con discapacidad en España

Con objeto de garantizar la plena participación en la sociedad de las personas con discapacidad y de reducir la fragmentación de la legislación que regula su acceso a productos y servicios, la Comisión Europea aprobó hace un par de años, una propuesta de Directiva, que se conoce como Acta Europea de Accesibilidad. Una Ley a la que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha dado luz verde. En ella se incluye una definición común para toda la Unión de los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios en el mercado interior, así como su marco de aplicación.

Como todos los ciudadanos de la Unión, las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad

Esto es, a vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los ámbitos de la vida.

La accesibilidad de productos como los equipos informáticos y sus sistemas operativos, los cajeros automáticos y las máquinas expendedoras de billetes, las máquinas de facturación, las tablets, los móviles y los televisores, así como los lectores electrónicos supondrán, sin duda, un estupendo avance en la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad.

Igualmente, en lo que a servicios se refiere, es estupendo poder contar con una normativa europea que exija un nivel de accesibilidad suficiente a los servicios de comunicaciones electrónicas, a los servicios de televisión digital o de pago, a determinados servicios del transporte de viajeros, a servicios bancarios para consumidores, a los libros electrónicos y sus programas de lectura, al comercio electrónico, e incluso a las comunicaciones a través del número único europeo de emergencias 112.

Pero no es oro todo lo que reluce. Esta lista de productos y servicios, que bien puede parecerle larga a quien no esté familiarizado con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, no es más que una muestra de todos los productos y servicios citados en la Convención. De hecho, la lista inicial contenía hasta 87 productos y servicios, de los que la UE seleccionó solo 11,4.

El trabajo de todos ahora es el de, con la ayuda de estos y de nuevos estándares europeos e internacionales, transformar las vaguedades contenidas en la directiva en realidades homogéneas para toda la UE que aumenten e implementen una accesibilidad real y que vayan cubriendo, poco a poco, los más de 60 productos y servicios citados por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que aún nos quedan por abordar.

Es imprescindible blindar la accesibilidad en las leyes

Así lo anunció en rueda de prensa la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras aclarar que la norma traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019.

Conocida como Acta Europea de Accesibilidad, la citada directiva establecía unos nuevos requisitos mínimos de accesibilidad en toda la UE para una serie de productos y servicios a disposición del público, con el objetivo de proteger el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior en igualdad de condiciones.

Para el Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de la norma, resulta “imprescindible blindar la accesibilidad en las leyes, a fin de que las personas con discapacidad no sean expulsadas al realizar actividades cotidianas como usar un datáfono o reservar un vuelo por Internet”.

Hace una semana el Gobierno aprobó la incorporación del Acta Europea de Accesibilidad a la legislación española, una norma que beneficiará a más de 4 millones de personas con #discapacidad en España 👏🏻

Estas infografías resumen los puntos más importantes 👉🏻 pic.twitter.com/g9Wsb3sWAl

— PREDIF Estatal (@Predif_Estatal) November 7, 2022