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El director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, afirmó este martes que el Plan ‘España País Accesible’ dispone de 100 millones de euros más que se destinarán a cumplir la legislación sobre discapacidad y a “reparar y ensanchar los derechos” de estas personas, que se vieron muy afectados durante la pandemia.
En opinión de Martín Blanco, este informe “ha evidenciado la necesidad perentoria de transitar desde el sistema actual, basado en residencias, hacia un modelo de vida en comunidad”.
Por eso afirmó que, “estamos trabajando en la estrategia española de desinstitucionalización. Además irá acompañada de una importante carga presupuestaria, para pasar de las palabras a los hechos”.
Las personas con discapacidad esperan ver cumplidos sus derechos
“Sin accesibilidad, no hay derechos”, sentenció Martín Blanco, y reiteró su intención de invertir en la promoción de una accesibilidad universal, limitada no solo al transporte o a la edificación, sino también a la información, los contenidos y el ámbito cognitivo en general.
Señaló que todo esto formará parte de la Estrategia Nacional de Discapacidad en la que su departamento trabaja, donde también ocupará un papel destacado la salud mental, "otra urgencia revelada por la pandemia”.
Martín Blanco apuntó que, dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, se pondrá en marcha el programa ‘España País Accesible’, con más de 100 millones de euros “orientados a transformar de raíz nuestro paisaje para que sea practicable a todas las personas sin excepciones”.
Estos fondos “se destinarán a cumplir la Ley, a reparar y a ensanchar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la justicia, la salud o la cultura”, recalcaba el director general de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La investigación, realizada a partir de 4.351 encuestas a personas con discapacidad, familiares, profesionales de la administración y responsables del Tercer Sector, combina encuestas generales con un análisis más pormenorizado de la opinión de los expertos mediante el método Delphy para la búsqueda de posibles soluciones.
Soluciones que aporten los apoyos necesarios para que no se repitan graves errores
- Falta de recursos humanos
- Falta de atención más individualizada
- Poca accesibilidad a la información y servicios para personas con discapacidad
Esas fueron las faltas más graves que consideraron los encuestados que se ensalzaron con la llegada de la pandemia.
Así sucedió por ejemplo en el ámbito de los servicios sociales, la educación y la salud, donde personas con discapacidad y expertos piden más medios humanos, la modernización de las infraestructuras y materiales y contenidos accesibles.
También exigen políticas públicas para fomentar el empleo ordinario y con apoyo, destinar más fondos a los Centros Especiales de Empleo y, por supuesto, garantizar las condiciones de seguridad.
Finalmente, el trabajo destaca la necesidad de “personalizar los apoyos”, tanto en el mundo laboral como en el educativo, sanitario y asistencial, y defiende evolucionar desde el actual modelo de institucionalización (en residencias) hacia un sistema donde estas personas puedan vivir en comunidad.
Luis Cayo Pérez, presidente del Cermi subrayó como “esta pandemia ha puesto en entredicho los derechos de las personas con discapacidad”, entre ellos, el derecho a la salud.
Estas personas “han fallecido en mayor proporción que lo que corresponde a su peso social y parece que en ello tuvo mucho que ver el modelo residencial”, apostillaba Pérez.
De ahí la importancia de promover un sistema basado en la vida en comunidad e independiente de las personas con discapacidad, con los apoyos que necesiten, afirmó el presidente del Cermi.
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