El Cermi quiere actualizar la Ley que regula la autonomía del paciente con discapacidad y sus derechos

Las leyes habitualmente van un paso por detrás de los cambios a nivel social que pueden llegar a vivirse. Mientras que las sociedades actuales están viviendo un importante impulso en temas de inclusión, tolerancia y reducción de las desigualdades, algunas partes de la legislación en España, aún se quedan escasas para la protección de los derechos, y también remarcar las obligaciones, de colectivos habitualmente ignorados, como es el caso de los pacientes con discapacidad.

Por eso desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), se busca promover un cambio en la Ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que se realizó en este mismo años, para adecuarla a la nueva normativa sobre igualdad en las capacidades jurídicas de las personas con discapacidad. Así se lo ha solicitado al Ministerio de Sanidad para empezar a trabajar en ello.

Una ley que ignora a los pacientes con discapacidad

"El ámbito de la atención a la salud tiene sus peculiaridades, que habrán de precisarse, pero no puede estar en contradicción o ignorar, como sucede ahora, el nuevo paradigma de los apoyos a la capacidad jurídica de todas las personas, también pacientes, que ha quedado regulado en la profunda reforma civil llevada a cabo con la Ley 8/2021", remiten representantes del Cermi a través de un comunicado de prensa.

Con esto la organización tiene como principal intención la de generar una homogeneidad en la legislación que trata los derechos y las obligaciones de las personas con diversidad funcional, para que todas vayan en concordancia al terreno ganado hasta el momento, y que no existan puntos flacos dentro de las leyes que protegen y trabajan para este colectivo. En este sentido, la Ley 8/2021 no deja claro ciertos supuestos en los que pacientes con discapacidad mantengan, o no, su autonomía jurídica.

Una actualización más que necesaria

Las modificaciones legislativas no suelen ser tarea fácil, ya que requieren de mucho trabajo previo para adecuarla a las necesidades, obtener los apoyos necesarios y proveer de herramientas para que estas se cumplan. Hace ahora casi un año, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, entró en vigor suponiendo un importante paso en la protección de los derechos y las obligaciones de personas con diversidad funcional.

Ahora, el Cermi quiere que se remarque que todas las personas, también en su condición de pacientes, han de ser apoyadas en la toma de decisiones que les afecten, y no ser sustituidas por mecanismos de representación. "La normativa sobre autonomía del paciente está anclada en un enfoque superado, de sustitución en las decisiones y no de apoyo, por lo que deber ser revisada a la luz de la nueva legislación sobre capacidad jurídica establecida en el Código Civil, que irradia al resto de sectores del ordenamiento jurídico, también al sanitario", agrega el órgano de representación de las personas con discapacidad.