Analizamos las consecuencias jurídicas de elevar la interrupción voluntaria del embarazo al máximo nivel normativo, más allá del aval previo del Tribunal Constitucional.
El Gobierno español blinda el aborto en la Constitución, garantizando acceso gratuito, igualdad de derechos y protección legal, asegurando autonomía femenina y prestación sanitaria en todo el territorio, sin obstáculos políticos.
España regula el aborto desde 1985, cuando se despenalizó en determinados supuestos. En 2010 se aprobó una nueva ley que permitió la interrupción voluntaria del embarazo libremente hasta la semana 14.
Una investigación de Newtral revela que el Hospital Virgen de la Arrixaca en Murcia envía a casa a las mujeres tras iniciar el aborto terapéutico. Deben esperar 48 horas con el feto fallecido antes de ser ingresadas.
