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Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), se ha enviado un comunicado especial a la Administración del Estado, para recordarles que desde el cada vez más cercano 1 de enero de 2024, se encontrarán en la obligación de ampliar las medidas de accesibilidad dentro de todas sus campañas audiovisuales de publicidad. Por ejemplo, en las de la DGT de cada año, las dirigidas a los más jóvenes o incluso en las que se anuncien las fechas para la declaración de la Renta.
Con esta carta, dirigida desde la secretaría de Estado de Comunicación del Cermi, se traslada una más que necesaria demanda del sector de la discapacidad en relación con la accesibilidad de las campañas institucionales de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado (AGE). De esta forma, se busca que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a una información de interés público y que en muchas ocasiones resulta esencial conocer.
La accesibilidad, un punto clave en la comunicación
Esta nueva obligación estatal surge de la modificación del artículo 5 de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. En ésta, se recoge por primera vez que todo el contenido audiovisual de estas campañas de publicidad y comunicación, deberán contar con varias medidas de accesibilidad, siendo estas ampliadas a las que ya existían previamente.
En concreto, de este artículo se resalta en la carta que “las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de la Administración General del Estado contarán con subtitulado, interpretación en lengua de signos y audiodescripción, y promoverán los formatos que aseguren la accesibilidad cognitiva”. Esto último es uno de los principales añadidos en lo que se refiere a métodos de adaptación de la información, ya que de momento no se han utilizado en ninguna campaña.
Esta modificación legal en favor de la accesibilidad universal, fue planteada en su momento por el propio Cermi. Esta fue asumida por el Gobierno de coalición del momento, con el objetivo de “ampliar los servicios públicos de la publicidad institucional de la AGE superando exclusiones que venían sufriendo discapacidades como la visual, la intelectual o la del desarrollo, que no tenían garantizado este derecho”, según remarcan desde la institución.
Una medida que llega algo tarde, pero absolutamente necesaria
El Cermi indica que “en el propio seno de la AGE existen organismos como los distintos Centros Dependientes del Real Patronato sobre Discapacidad que os pueden asesorar y acompañar en la implantación técnica de estas medidas novedosas”, así pues, tanto esta propia organización, como otras dedicadas a facilitar el acceso universal, se han ofrecido oficialmente ha realizar las labores de colaboración necesarias.
De esta misma manera, la carta del Cermi ha querido destacar que con esta ampliación en la normativa se garantizará el acceso a la información a las personas con discapacidad, y que estas prestaciones de accesibilidad universal “se atendrán a las respectivas normas técnicas que resulten de aplicación y serán obligatorias para las campañas emitidas desde el 1 de enero de 2024”.
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