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Bruselas, 29 ene (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo alcanzaron hoy un acuerdo político para facilitar la venta de productos y contenidos digitales a través del territorio comunitario, y hacer que esas compras sean más seguras tanto para los consumidores como para las empresas.
La nueva directiva armoniza ciertos derechos contractuales, como los remedios disponibles para que los consumidores reclamen si un producto adquirido no funciona adecuadamente, explicaron las dos instituciones en sendos comunicados.
Las normas, acordadas provisionalmente por los negociadores del Consejo (donde están representados los Estados miembros) y la Eurocámara, se aplicarán tanto a contenidos y bienes digitales de venta en internet como a cara a cara.
Los bienes con elementos digitales -teléfonos, televisores inteligentes o relojes conectados- también estarán cubiertos por esta normativa, que abordará periodos de garantía o las obligaciones de los vendedores.
Cuando un producto esté defectuoso, el consumidor podrá elegir entre que sea reparado o cambiado por otro, sin costes adicionales.
El cliente también podrá tener una reducción de precio inmediata o poner fin a un contrato y que se le devuelva el dinero en ciertos casos, como por ejemplo si persiste un problema pese al intento del vendedor de arreglarlo, si la reparación no se hace "dentro de un periodo razonable de precio" o si el defecto es grave.
El comerciante, además, tendrá responsabilidad si el defecto aparece en los dos años posteriores a haber recibido el cliente el producto, si bien los Estados miembros podrán introducir un periodo de garantía mayor a nivel nacional.
Entre un año y dos tras la entrega del producto, el comprador no tendrá que probar que el artículo estaba defectuoso.
Por ejemplo, si actualmente un consumidor descubre que un producto comprado hace más de seis meses tiene un defecto y pide al vendedor arreglarlo o reemplazarlo, se le puede pedir demostrar que ese problema existía en el momento de la entrega.
Bajo las nuevas normas, durante un periodo de entre uno y dos años desde la entrega, el consumidor podrá solicitar una solución sin tener que probar que el defecto existía en el momento en que adquirió el producto.
La asociación europea de consumidores, BEUC, puso de relieve que la UE haya establecido que los compradores de bienes "inteligentes" tienen derecho a obtener actualización de software.
"Esto era importante porque los consumidores podrían encontrarse con un dispositivo que funciona pero que no cuenta con las actualizaciones necesarias para mantenerlo seguro y funcionando adecuadamente", señaló en un comunicado la directora general de BEUC, Monique Goyens, quien consideró este aspecto "clave" para evitar una obsolescencia temprana.
También celebró que sean los comerciantes quienes tengan que probar que un producto no estaba defectuoso en el momento de su venta.
En cambio, lamentó que la UE haya impuesto una "jerarquía de remedios" (reparación o cambio y solo entonces reducción de precio o fin del contrato) a los que puede apelar el consumidor en caso de que el artículo adquirido no funcione, sin que pueda ya elegir qué solución prefiere.
El acuerdo provisional alcanzado hoy tendrá a continuación que ser confirmado oficialmente por los embajadores de la UE en el Consejo y por la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo.
Entonces, pasará a votarse en el pleno de la Eurocámara y a ser refrendado por los ministros comunitarios en el Consejo de la Unión, para convertirse en ley.
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