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Chile vive momentos críticos respecto a la gestión de agua potable y el saneamiento en las zonas rurales, y es que las modificaciones de la ley 20.998 que regula la administración del Agua Potable Rural y los Servicios Sanitarios Rurales no están dando los resultados que se esperaban.
El caso es que la ruralidad actual, por el desarrollo urbano, social y tecnológico del país, así como la escasez hídrica y la pandemia, cambiaron las expectativas de una sociedad respecto a calidad de vida y acceso al agua.
Ahora, se reclama no solo un agua potable segura y de calidad, sino un tratamiento y disposición de las aguas residuales que eviten la contaminación doméstica y de las fuentes de aguas locales.
El servicio del agua potable actual en zonas rurales no se puede seguir sosteniendo
El caso es que muchos de los dirigente y comités encargados de estos procesos para zonas rurales no cuentan con las competencias necesarias para manejar las tecnologías operacionales, operación de tratamiento de aguas servidas y alcantarillado, gestión comercial, cálculo y aplicación de tarifas y otras.
Se necesitan cambios importantes para que los agentes implicados puedan ejercer la labor de dar un agua y saneamiento de calidad en estas zonas rurales, así como personal cualificado y una organización fuerte que además cuente con el apoyo político, así como con los recursos materiales, económicos y humanos para que los comités pueda contar con la autonomía necesaria para la gestión en el corto plazo que exige la nueva ley.
Partiendo de una base, que es que el agua se transformó en un recurso natural escaso, se precisa de una gestión hídrica eficiente en explotación y usos, con especial interés en el consumo humano de las zonas rurales.
Y es que la escasez hídrica presiona la reutilización de las aguas tratadas, pero es que para llegar hasta ello se necesita de técnicos y profesionales especializados, así como incorporar la tecnología y las economías de escala para impactar en los costos y la tarifa.
Asimismo, se debe tener en cuenta que el tipo de cliente ha evolucionado, pues se están dando incorporaciones en segundas viviendas o traslados de familias desde zonas urbanas a zonas rurales, así como la inmigración extranjera supone cifras significativas en dichas localidades rurales.
Un deterioro del servicio causado por una cierta orfandad institucional en Chile
Este vacío en gestión y la preocupante situación del tratamiento de las aguas y el acceso al agua potable viene dado porque los sistemas rurales no cuentan con la correspondiente gestión ni operación de los sistemas pertinentes.
Todo se encuentra sin definición clara, por lo que no se sabe cómo se va a reemplazar, por lo que las zonas rurales se quedan sin el apoyo técnico para la mantención del servicio.
Está claro que la ley propulsada en el país supone un importante avance, pero la implementación que se está dando de ella no es la más adecuada. Se trata de un cambio muy profundo y complejo, por lo que llevará varios años realizarlo.
Los expertos apuntan que implementar la nueva ley, haciendo las cosas de la misma forma no es viable, pues para mantener la gestión de la comunidad con el recurso y el servicio en las zonas rurales hay otras formas que son eficientes y sostenibles.
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