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El nuevo regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha estrenado su agenda institucional en la sede de la patronal de empresarios madrileños CEIM. En este escenario, Almeida ha aprovechado para trasladar a los patronos su promesa de acabar con los "perjuicios" de la venta ambulante ilegal mediante el refuerzo de "los medios de la Policía Municipal para acabar con mafias y cumplir las ordenanzas" municipales.
El 'top manta' supuso unas pérdidas a los comerciantes de 157 millones de euros en 2018
Previamente, en una entrevista concedida a Telemadrid, Almeida se había referido al tema al asegurar que "los manteros no son un problema", sino que "el problema son las mafias que explotan a los manteros y los comerciantes y las pérdidas que sufren".
Almeida ha remarcado, en declaraciones a dicha cadena televisiva, que desde el Partido Popular siempre han defendido que hay que ofrecer a los manteros recursos sociales, porque "nadie querría estar en la situación de un mantero". Sin embargo, ha afirmado que "no se puede permitir que se ejerza una actividad que está prohibida por las ordenanzas con la profusión con la que se hace en estos momentos".
Gran acogida de la propuesta
Las asociaciones de comerciantes han recibido las palabras de Almeida con entusiasmo. Desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) han afirmado que "todas las medidas que sirvan para frenar la venta ambulante ilegal, no es que sean bienvenidas, son aplaudidas y son necesarias" y han denunciado una actitud laxa por parte del anterior consistorio.
Las medidas contra la venta ambulante fueron uno de los motivos de roce entre las corrientes internas de Ahora Madrid durante la anterior legislatura.
En mayo del año pasado se produjeron los disturbios de Lavapiés tras la muerte del vendedor ambulante Mame Mbaye, algunos concejales de la formación censuraron la actuación policial. Entre ellos se encontraba Rommy Arce, miembro de la facción crítica con la alcaldesa, que se enfrenta ahora a una sanción económica de casi 6.000 euros por injurias a la Policía Municipal, a la que acusó de "xenofobia institucional" en un tweet.
Carmena apostó por una aproximación humanitaria al problema de los manteros con la intención de ofrecerles alternativas laborales a la venta ilegal. Una de las iniciativas que se llevó a cabo fue el de las Tarjetas de Vecindad, puesta en marcha en julio de 2018, que permitían a migrantes sin papeles demostrar su arraigo y acceder a los servicios municipales, aunque no trabajar.
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