Un año de la ley de amnistía sin Puigdemont: el regreso sigue en suspenso

El 30 de mayo se cumple un año desde que el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva la ley de amnistía, una normativa impulsada por el Gobierno con el respaldo de sus socios parlamentarios, entre ellos los partidos independentistas catalanes. Algo que salpicaba a Puigdemont.

Lo que en su momento se celebró como una victoria para el independentismo, con imágenes de abrazos y unidad entre líderes de Junts per Catalunya (Junts) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hoy evidencia sus límites: Carles Puigdemont, expresidente catalán y figura clave del ‘procés’, continúa sin beneficiarse de esta medida.

Tensiones en el independentismo y el giro de Junts por la situación de Puigdemont

El proceso para sacar adelante la ley no fue sencillo. En enero, los siete diputados de Junts votaron en contra del texto presentado inicialmente, lo que obligó a devolverlo a la Comisión de Justicia. Desde Junts argumentaron que la propuesta, tal como estaba redactada, dejaba expuestos a varios encausados del proceso independentista, y que era necesario garantizar la cobertura total para todos los implicados. Exigieron al PSOE que actuara contra lo que consideraban una actitud prevaricadora de ciertos jueces y advirtieron sobre posibles usos malintencionados de la normativa.

Tras meses de negociaciones, finalmente los partidos independentistas lograron que se aprobara una versión de la ley que consideraron más robusta. Y en efecto, algunas figuras destacadas comenzaron a ver sus causas cerradas.

Primeros beneficiados: Rovira y Wagensberg

Entre los primeros en aprovechar la nueva normativa estuvieron dirigentes de ERC. La exsecretaria general del partido, Marta Rovira, quien se había exiliado en Suiza desde hacía casi siete años, pudo regresar a Cataluña el pasado 12 de julio. También Rubén Wagensberg, diputado de la misma formación, vio cómo la justicia archivaba su causa. Estos casos supusieron un espaldarazo para ERC, mientras que Junts seguía esperando resultados para sus principales líderes.

A pesar del trabajo de Junts para lograr una ley que protegiera a todos los encausados, tres figuras clave de la formación siguen fuera del amparo legal: Carles Puigdemont, el eurodiputado Toni Comín y el exconsejero Lluís Puig. El Tribunal Supremo decidió el 1 de julio no aplicarles la amnistía por el delito de malversación de fondos públicos. Y aunque la defensa del expresidente ya preveía esta decisión, el golpe político fue evidente.

El propio Puigdemont calificó duramente al sistema judicial español, utilizando la expresión “la toga nostra” para referirse al Supremo. La semana pasada, el alto tribunal reafirmó su postura, y ahora es el Tribunal Constitucional quien debe resolver si corresponde aplicar la amnistía en estos casos.

La defensa de Puigdemont puede presentar un recurso de amparo con el objetivo de suspender las medidas judiciales que pesan sobre él.

Críticas a Sánchez y nuevo ultimátum al Gobierno

Desde Junts no esconden su descontento. Jordi Turull, secretario general del partido, ha criticado abiertamente al PSOE, al presidente Pedro Sánchez y al líder del PSC, Salvador Illa, por no aplicar lo que denomina una “amnistía política” al expresidente catalán. Según Turull, existe una voluntad clara de no reconocer al expresidente catalán como interlocutor político válido, a pesar de su peso en el panorama catalán y estatal.

Aunque reconoció que una hipotética reunión entre Sánchez y el expresidente catalán no cambiaría el fondo del conflicto, afirmó que sería un “gesto simbólico” de reconocimiento político.

El pacto de Bruselas en el aire

Con la fecha simbólica del 30 de mayo acercándose, Junts ha elevado el tono y ha lanzado un ultimátum al Gobierno: si no se cumple lo acordado en el pacto de Bruselas antes de fin de mes, retirarán su apoyo al Ejecutivo. Entre las exigencias, destaca la aplicación efectiva de la ley de amnistía a Puigdemont, Comín y Puig. Para Junts, el tiempo se agota y la paciencia también.

Mientras tanto, el futuro político y personal de Puigdemont continúa atado a la interpretación judicial de una ley que, paradójicamente, fue posible gracias a su propia influencia en la gobernabilidad del país.