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El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado el recurso interpuesto por el PP contra la ley de amnistía, al mismo tiempo que ha desestimado la recusación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez conservador José María Macías, considerándola prematura.
Esta decisión fue tomada por los magistrados en una sesión plenaria que comenzó con un minuto de silencio "en memoria de los fallecidos y en apoyo a los pueblos y familias afectadas por los efectos de la DANA", según ha comunicado el Tribunal Constitucional.
Este es el primer recurso de inconstitucionalidad que admite a trámite la Corte de Garantías, ya que hasta ahora solo había dado curso a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS).
El Tribunal Constitucional rechaza la recusación en el caso de la amnistía
Además, el Pleno ha resuelto la última recusación en este caso, la que se había presentado contra Macías por haberse pronunciado sobre la amnistía en dos textos con 'valor institucional' cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fuentes de la sede de Domenico Scarlatti, consultadas por Europa Press, han explicado que la recusación ha sido rechazada porque la Abogacía del Estado planteó la recusación contra Macías antes de que el recurso de inconstitucionalidad fuera admitido a trámite en el Tribunal Constitucional. En consecuencia, este planteamiento podría ser vuelto a considerar.
En plenos anteriores, la Corte de Garantías ya había desestimado las recusaciones presentadas por el PP contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada progresista Laura Díez, al considerar que los argumentos presentados no constituyen "ni siquiera un principio de prueba" de falta de imparcialidad.
Las declaraciones del procés
El Partido Popular consideraba que Conde-Pumpido debía ser apartado de su cargo en el Tribunal Constitucional debido a las mismas razones que en su momento le llevaron a abstenerse en los asuntos relacionados con el 'procés'.
En 2021, el magistrado se abstuvo de intervenir en estos temas tras haber expresado, en una conferencia celebrada en 2017, que los hechos que se estaban produciendo en Cataluña en ese entonces tenían como objetivo "subvertir el Estado Social y Democrático de Derecho", y lo hacían "utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia". Esta declaración, según el PP, justificaba su distanciamiento de los casos relacionados con el referéndum y la independencia de Cataluña.
Las vinculaciones políticas
Por otro lado, en el caso de Díez, el PP argumentaba que también debía apartarse de su participación en los debates y decisiones relacionadas con la ley de amnistía debido a su presunta "vinculación política" con el Partido Socialista de Cataluña. Además, se señalaba su relación de cercanía con el presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia, debido a que, durante su tiempo trabajando en la administración de Moncloa, había dependido de estas figuras políticas.
Es importante destacar también que, en relación a este tema, el magistrado progresista Juan Carlos Campo se encuentra abstenido en el debate sobre la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, dado que, en su rol anterior como ministro de Justicia, había firmado informes en los que expresaba que los indultos a los condenados por el 'procés' eran inconstitucionales.
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