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El Gobierno asturiano tiene previsto presentar alegaciones al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que este proceso se lleve a cabo de forma "equilibrada en lo ambiental, lo económico, lo técnico y lo social" y adaptada a la realidad de cada territorio.
Según ha señalado este sábado el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, el Ejecutivo regional ha empezado a estudiar el contenido del borrador de planificación que se trasladará a la Comisión Europea para valorar su posible impacto y sus repercusiones sobre la economía asturiana.
Una de las principales discrepancias que el Ejecutivo asturiano mantiene con el Ministerio de Transición Ecológica es la continuidad de las centrales térmicas de carbón -Soto de Ribera y Aboño, ambas de EDP-, que ya han afrontado las cuantiosas inversiones necesarias para adaptarse a la normativa ambiental de la UE.
Según el consejero, esas instalaciones no sólo cumplen "con holgura" las exigencias actuales, sino que están en condiciones de adaptarse a futuras modificaciones por lo que, a su juicio, no deben imponerse restricciones adicionales como limitar su continuidad hasta una fecha determinada en lugar de adaptarse a su vida útil.
Al margen de estas diferencias, el consejero ha considerado positivo que de forma paralela el Gobierno anuncie un Plan de Acción Urgente en el periodo 2019-2021 para la reactivación de comarcas afectadas por el cierre de minas, centrales térmicas de carbón y las nucleares de Garoña, en Burgos, y Zorita, en Guadalajara.
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