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La Confederación Autismo España ha trasladado al Ministerio responsable de Función Pública una batería de propuestas para modificar el futuro real decreto que regulará el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Entre todas las medidas planteadas, la entidad sitúa como prioridad la creación de un cupo específico destinado a personas autistas sin discapacidad intelectual que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
La organización considera que esta medida permitiría responder a una realidad que, según sostiene, no queda suficientemente contemplada en el modelo actual de acceso a la Administración. Su objetivo es que este colectivo pueda participar en procesos selectivos adaptados a sus necesidades, sin renunciar a los principios de mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.
Una tasa de empleo muy reducida para las personas autistas
La principal reivindicación de Autismo España se apoya en una situación laboral especialmente desfavorable. La directora de Incidencia Política y Social de la Confederación, Paloma Rodrigo Gutiérrez, recordó que únicamente una de cada diez personas autistas tiene un empleo, lo que significa que aproximadamente el 90 % permanece en situación de desempleo.
Para la entidad, estos datos reflejan la necesidad de impulsar medidas específicas que favorezcan la inclusión laboral y eliminen barreras de acceso. Rodrigo subrayó que contar con un puesto de trabajo no solo representa una oportunidad profesional, sino también un derecho fundamental vinculado a la igualdad de oportunidades, al desarrollo personal, a la participación en la sociedad y a la posibilidad de llevar una vida independiente.
Desde esta perspectiva, la Confederación defiende que el empleo público debe convertirse en un espacio más accesible para las personas autistas que, aun sin presentar discapacidad intelectual, requieren determinados apoyos durante los procesos de selección y en el ejercicio de sus funciones.
Una propuesta diferenciada para el espectro autista
La organización plantea que las plazas reservadas para este colectivo se cubran mediante pruebas selectivas específicas e independientes. Según explica, estos procedimientos deberían diseñarse teniendo en cuenta las características propias de las personas autistas, incorporando adaptaciones que permitan evaluar sus capacidades en condiciones de igualdad.
Autismo España insiste en que el diagnóstico de autismo no implica necesariamente la existencia de discapacidad intelectual. De hecho, recuerda que numerosas personas cuentan con un reconocimiento oficial de discapacidad, pero no pueden acceder a las plazas reservadas para quienes presentan discapacidad intelectual, pese a necesitar ajustes razonables durante las pruebas o en el desempeño posterior del puesto de trabajo.
En consecuencia, muchas de ellas terminan presentándose a través del cupo general de discapacidad o incluso por el turno ordinario, escenarios en los que, según la Confederación, sus necesidades específicas no siempre son atendidas de forma adecuada.
La creación de un cupo específico, según defiende la entidad, no pretende equiparar el autismo con la discapacidad intelectual ni modificar los criterios de selección establecidos en la Función Pública. La propuesta busca reconocer la diversidad existente dentro del espectro autista y garantizar que las personas candidatas puedan competir en igualdad de condiciones.
Autismo España sostiene que el establecimiento de esta vía diferenciada sería compatible con el mantenimiento de los principios de mérito y capacidad, ya que las pruebas seguirían evaluando la aptitud para el puesto, aunque adaptadas a las circunstancias del colectivo.
La Confederación considera que el sistema actual deja fuera a personas perfectamente capacitadas para desarrollar determinadas funciones, debido a que las barreras aparecen durante el procedimiento de acceso y no necesariamente en el ejercicio del trabajo.
La capacidad funcional, otro de los puntos clave
Además de la reserva de plazas, la organización propone revisar el concepto de capacidad funcional dentro del futuro real decreto. Su petición pasa por establecer una definición objetiva y homogénea que permita valorar cada caso de manera individual.
En este sentido, reclama que la evaluación tenga como referencia las funciones esenciales del puesto de trabajo y que incorpore los ajustes razonables disponibles antes de determinar si una persona resulta apta o no para desempeñar sus responsabilidades.
La Confederación advierte de que una interpretación desigual de la capacidad funcional puede desembocar en exclusiones basadas simplemente en la existencia de una discapacidad, en lugar de analizar la capacidad real de la persona para realizar las tareas propias del puesto con las adaptaciones necesarias.
Otra de las aportaciones destacadas del documento presentado al Ministerio se centra en garantizar la accesibilidad universal y cognitiva durante todo el proceso selectivo. La entidad entiende que la igualdad de oportunidades no depende únicamente del contenido de los exámenes, sino también de la forma en que se desarrollan las distintas etapas del procedimiento.
Entre las medidas propuestas figuran el uso de lenguaje claro en la documentación y las comunicaciones oficiales, la adaptación de espacios y tiempos de realización de las pruebas, la reducción de estímulos ambientales que puedan generar dificultades y la disponibilidad de apoyos que faciliten la comprensión de cada fase del proceso.
Estas adaptaciones, señala Autismo España, beneficiarían a muchas personas autistas que actualmente encuentran obstáculos para participar en igualdad de condiciones, aun reuniendo la preparación y los requisitos exigidos.
La importancia de los ajustes razonables
La Confederación también pone el foco en un aspecto que considera especialmente relevante: el escaso uso de las adaptaciones disponibles. Según indica, más de la mitad de las entidades consultadas afirman que las personas autistas no suelen solicitar ajustes durante los procesos selectivos, incluso en aquellos casos en los que podrían necesitarlos.
Para la organización, esta circunstancia evidencia la necesidad de mejorar la información, la accesibilidad y la confianza en el sistema, de modo que los aspirantes conozcan los apoyos existentes y puedan solicitarlos sin que ello suponga una desventaja.
Como última propuesta, Autismo España reclama que la compatibilidad de una persona con un puesto de trabajo se determine únicamente después de haber considerado todas las adaptaciones necesarias del entorno laboral. De esta forma, pretende evitar que la falta de adecuación del puesto derive automáticamente en una declaración de incompatibilidad, cuando esa situación podría resolverse mediante ajustes razonables que permitan el desempeño efectivo de las funciones.
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