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La Comunidad de Madrid quiere fomentar el acceso y la compra de vehículos eléctricos con un plan de ayudas.
El presupuesto de esta medida es de 2,5 millones de euros para este año y de 3 millones a partir de 2021. Este dinero irá destinado a la subvención de la compra de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como son los patinetes, bicicletas, ciclomotores y motos eléctricas.
Así lo anunció Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad en la Comunidad de Madrid. El objetivo se enmarca dentro de las iniciativas que tienen lugar para promover la movilidad post-pandemia.
Estas ayudas serán directas y se otorgarán a los madrileños que compren uno de estos vehículos de cero emisiones.
¿Qué cuantía supone este plan de ayudas?
La Comunidad ofrecerá ayudas para sufragar un porcentaje del precio del nuevo vehículo. Una ayuda del 50% del precio de estos vehículos, con un máximo en función del tipo de vehículos, según ha explicado la consejera en una entrevista con Onda Cero.
Estos son los importes máximos que se prevé que concederá la Comunidad de Madrid:
- Para patinetes eléctricos habrá una ayuda de hasta 150 euros.
- Para bicicletas habrá una ayuda de hasta 500 euros.
- Para ciclomotores eléctricos habrá una ayuda de hasta 600 euros.
- Para motos eléctricas habrá una ayuda de hasta 750 euros.
Las cifras corresponden a los importes máximos, ya que la ayuda está prevista que cubra hasta el 50% del precio del vehículo. Es decir, si el patinete eléctrico tiene un coste de 500 euros, la ayuda únicamente cubrirá hasta 150 euros. En caso que el patinete cueste 200 euros, la ayuda sería de 100 euros, ya que el factor limitante sería el porcentaje del 50%.
Las cinco medidas que propone Marlaska a favor de la bicicleta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado que su departamento aprobará una Estrategia Estatal de la Bicicleta en coordinación con los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
El ministro señaló que se propone trabajar en tres grandes áreas de actuación, entre ellas "asegurar el entorno" desde los puntos de vista territorial, digital, medioambiental y vial.
Cinco medidas
Respecto a la seguridad vial, mencionó cinco medidas en las que trabaja su departamento. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya tiene elaborada la Estrategia Estatal de la Bicicleta para el periodo 2020-2025, que fue presentada el pasado mes de octubre en el Pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. El documento plantea 27 instrumentos y más de 100 acciones.
La bicicleta ha incrementado su protagonismo en las calles durante la desescalada al confinamiento obligado para contener el coronavirus y desde diversas entidades se ha solicitado a las administraciones públicas que tomen medidas para facilitar su uso.
Por su parte, la vicepresidenta Cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, envió hace pocas semanas una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que solicita que las entidades locales españolas, sobre todo de más de 5.000 habitantes, potencien el empleo de la bicicleta como alternativa de transporte limpio y sostenible para la salida gradual de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.
Otra medida en materia de seguridad vial que quiere impulsar Marlaska es reforzar la formación para las personas que tienen su espacio laboral en sus vehículos, las cuales, según comentó son "cada vez más".
Impulsar la educación vial con proyectos de promoción de una movilidad segura y activa, con la colaboración de los ayuntamientos; fomentar el intercambio de buenas prácticas entre ciudades a través de encuentros y foros, y alinear la seguridad vial con los objetivos de la Agenda 2030 y la Estrategia de Seguridad Vial de la UE son otras iniciativas mencionadas por Marlaska en el Senado.
La convivencia de este transporte con la ciudadanía
Las formas de desplazarse en nuevos vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, deben estar reguladas teniendo en cuenta a todos los usuarios de las vías públicas, preferentemente los más vulnerables, como los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad.
Así lo indica el Defensor del Pueblo en su Informe Anual correspondiente a 2018. Una de las actuaciones llevadas a cabo por esta oficina surgió tras recibir la preocupación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de que los nuevos vehículos urbanos de movilidad personal, sean eléctricos o no, causan problemas de seguridad y accesibilidad en este colectivo de población.
"El uso masivo de este tipo de vehículos, que en la mayoría de los casos son eléctricos y silenciosos, y que circulan a gran velocidad por las aceras, además de ser aparcados indebidamente, está originando que las personas con problemas de movilidad y discapacidad no se percaten de su presencia, y muchas veces no puedan evitarlos, lo que genera obstáculos al tránsito peatonal y puede dar lugar a accidentes de consideración", apunta el informe.
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