El Ayuntamiento de Madrid lanza un nuevo modelo de alquiler social

El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un nuevo modelo de alquiler social asequibles, que consistirá en la venta de 12 parcelas de su propiedad destinadas a la construcción de viviendas, garantizando que los futuros promotores ofrezcan un alquiler asequible a sus inquilinos durante los siguientes 15 años.

El Concejo está dando un paso significativo hacia la implementación de la Estrategia de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo 2023-2027, un plan que fue ratificado en la Junta de Gobierno municipal el pasado 19 de octubre. Esta medida, respaldada por el Gobierno madrileño, ha desbloqueado en los últimos siete meses un total de doce planes urbanísticos, marcando así el camino para la construcción de 22.900 viviendas tanto de alquiler renta libre como en régimen de protección pública en la ciudad de Madrid en los próximos años.

El nuevo modelo de alquiler social promovido por Urbanismo

El motor detrás de esta iniciativa es el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, liderada por Borja Carabante. Su enfoque estratégico busca no solo facilitar la construcción de nuevas viviendas, sino también regular el precio del alquiler en los entornos donde se ubican estas parcelas, impactando positivamente en toda la ciudad.

Se planea la edificación de 640 viviendas distribuidas en ocho áreas de los distritos de Arganzuela, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Villaverde y Barajas. Este reparto estratégico tiene como objetivo principal promover un reequilibrio territorial, regulando oferta de renta social asequible hacia los distritos situados al sur central de Madrid, concentrando así el 70% de las futuras viviendas y garantizando una distribución más equitativa en toda la ciudad.

La regulación de los precios

La regulación de los precios del alquiler es una medida crucial para garantizar la estabilidad económica de las familias y promover la accesibilidad a la vivienda en diversas zonas urbanas. En este sentido, se ha determinado que el coste mensual de los alquileres no debe exceder el 25 % de los ingresos de la unidad familiar. Esta política busca salvaguardar un equilibrio financiero razonable para los arrendatarios, evitando que se vean abrumados por pagos excesivos que comprometan su capacidad adquisitiva.

Si bien existen disparidades entre los esfuerzos económicos de que tienen las personas, ya que según el Ayuntamiento, los hogares destinan el 42 % de su salario a la renta, por lo que ha optado por fijar un límite concreto del 25%. Para lograr este objetivo, se aplicarán reducciones sobre las rentas de mercado, que oscilarán desde el 10% en áreas como Barajas hasta el 37% en localizaciones como Puente de Vallecas. Esta estrategia busca nivelar el esfuerzo financiero de las familias en diferentes áreas, asegurando que la carga económica sea equitativa independientemente de la ubicación geográfica.

Además, las bases de la convocatoria establecerán un límite máximo de ingresos que deberán ser demostrados por todas las unidades de convivencia. Este límite se ajustará en función del número de personas que componen el hogar y los niveles de renta, garantizando que la regulación sea justa y equitativa a las diversas realidades familiares.

Normativa y proceso para solicitarlo

La normativa establece que los arrendatarios deben ser exclusivamente personas físicas y no pueden poseer ninguna propiedad residencial en Madrid. Además, se enfatiza que solo podrán ser arrendatarios de viviendas en las parcelas designadas por los programas de vivienda asequible del Ayuntamiento y aquellas pertenecientes a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Se prohíbe expresamente el subarriendo, asegurando así que las viviendas se destinen directamente a quienes las necesitan como residencia permanente.

Un aspecto clave de esta regulación es la reserva de al menos un 25 % de las viviendas en cada promoción para jóvenes menores de 35 años. Esta medida busca atender las necesidades específicas de este grupo, facilitándoles el acceso a una vivienda adecuada en un mercado donde a menudo enfrentan dificultades para encontrar opciones asequibles.

El proceso de enajenación de las doce parcelas se llevará a cabo mediante un concurso público, asegurando así transparencia y equidad en el proceso de selección. En la adjudicación de los contratos, se otorgarán hasta 60 puntos a la propuesta que ofrezca las mejores condiciones para reducir la renta de las viviendas.

Además, se valorará con hasta 20 puntos la propuesta edificatoria que presente mejoras en cuanto a la calidad de construcción, la eficiencia energética y sea más económica. Esto fomenta el desarrollo de proyectos que sean sostenibles, además de ayudar a estos candidatos a tener un alquiler equilibrado con respecto a  sus posibilidades.