El Gobierno liderado por Armengol respalda la compra de las mascarillas defectuosas vinculadas al 'caso Koldo'

El Gobierno de Baleares, liderado por Francina Armengol, publicó en agosto de 2020, un informe en el que afirmaba que el suministro de mascarillas realizado por una empresa presuntamente vinculada al 'caso Koldo' se había llevado a cabo "de manera satisfactoria".

Sin embargo, dos meses antes, en junio, habían recibido un informe que aseguraba que el material adquirido por 3,7 millones de euros del erario (conjunto de bienes y recursos financieros que pertenecen al Estado o a una entidad pública) público presentaba defectos.

Las mascarillas de la empresa investigada en el ‘caso Koldo’

Según el sumario del procedimiento judicial, el 12 de agosto de 2020, el Gobierno socialista de Baleares respaldó las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Esta empresa está siendo investigada en el 'caso Koldo' por presuntamente facturar 53 millones de euros en suministros de material sanitario y supuestamente distribuir comisiones ilegales.

El documento está suscrito por el entonces subdirector de Compras y Logística del Servei de Salut de las Islas Baleares, Antonio Mascaró Crespí. Sesenta y cinco días antes, el 8 de junio de 2020, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) proporcionó al Gobierno de Armengol los resultados de los análisis de validez de las mascarillas.

Un análisis demuestra el incumplimiento del suministro

"El resultado de dicho análisis indica que ninguna de las cuatro referencias cumple con los requisitos de las mascarillas tipo FFP2 y, por lo tanto, tampoco con su equivalencia KN95, que fue el tipo ofrecido y recibido por la empresa", indica la propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato, según el texto.

No obstante, esta propuesta de reclamación no se presentó hasta el 6 de julio de 2023, es decir, tres años más tarde y un día antes de que Marga Prohens (PP) asumiera el cargo de presidenta de Baleares en reemplazo de Francina Armengol, quien ahora es la presidenta del Congreso. La propuesta sugiere solicitar la devolución de 2,6 millones de euros, lo que equivale al 71 % del importe pagado.

Contrato otorgado previamente con irregularidades

También, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó al juez un análisis que refleja varias críticas sobre el procedimiento de adjudicación. En primer lugar, señala que aunque la entrega de las mascarillas se realizó el 27 de abril de 2020, no fue hasta el 29 de abril, dos días después, cuando se solicitó al órgano de contratación la declaración de tramitación de emergencia para el contrato. Y hasta el 4 de mayo, una semana más tarde, no se emitió la resolución del órgano de contratación en la que se acordaba la tramitación de emergencia de dicho suministro.

 “Es decir, la entrega del material sanitario se produjo antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro en concreto” explican los investigadores, quienes consideran que la adjudicación "es contraria" al artículo 153.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

La UCO destaca que no se encuentra documentación sobre la formalización del contrato de las mascarillas que incluya detalles como la identificación de las partes, la descripción del objeto del contrato y las condiciones de recepción de las prestaciones. Además, no hay comunicación registrada entre las partes y no se designa un responsable del contrato para supervisar su ejecución, incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público. Según la Guardia Civil, esto sugiere que la adjudicación podría haber sido preconcedida, lo cual no está permitido ni siquiera en situaciones de emergencia en la contratación pública.