El cajero deberá garantizar una serie de operaciones mínimas, como la retirada de dinero en efectivo, y los bancos serán los encargados de su instalación.
La normativa obliga a que estos espacios cuenten con plenas garantías de accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad y en 2025 esas medidas tendrán que ser aún mayores.