El Gobierno proyecta un nuevo campamento de migrantes junto a la cárcel de Ceuta

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Exterior de la prisión de Fuerte Mendizábal, en Ceuta.

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Una profunda preocupación recorre a la plantilla del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal en Ceuta. Los trabajadores de la prisión han dado la voz de alarma tras conocer la intención del Mando Único del Gobierno de España de instalar un nuevo campamento de migrantes en los aledaños del presidio. La planificación estratégica prevé alojar en el recinto a unas 800 personas que accedieron a la ciudad de forma irregular a finales de julio. La medida busca ofrecer una alternativa habitacional ante el deterioro de las condiciones meteorológicas y el final del verano, una vez concluyan los trabajos de acondicionamiento del recurso ubicado actualmente en la zona portuaria.

El proyecto ya se encuentra diseñado y cuenta con todo el material de carpas preparado para su alzamiento. Sin embargo, los funcionarios advierten de que situar un campamento de migrantes pegado al perímetro de seguridad penitenciario —un terreno en su mayoría de titularidad del Ministerio del Interior— genera serios inconvenientes técnicos y logísticos en una instalación considerada de alta sensibilidad, que actualmente alberga a 360 internos.

Reparos sindicales a la ubicación del campamento de migrantes

Las reacciones sindicales no se han hecho esperar. La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha manifestado su rotundo rechazo al proyecto argumentando que la instalación de este campamento de migrantes choca de frente con el marco normativo de seguridad penitenciaria. Según el sindicato, la iniciativa podría vulnerar los protocolos de custodia, visibilidad y control previstos en la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, además de colisionar con la Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, que exige franjas de protección en infraestructuras estratégicas.

A estas alegaciones se suma la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los representantes de los trabajadores exigen una evaluación previa sobre los riesgos que implica ubicar un campamento de migrantes de estas dimensiones cerca del puesto de trabajo de los funcionarios. Por su parte, el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) coincide en el análisis de riesgo y solicita una reunión de urgencia para acceder a la información oficial. TAMPM recalca que cualquier actuación debe salvaguardar la integridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento del centro reclusorio.

Deficiencias de acceso y riesgos de autoprotección en la zona

El enclave elegido presenta importantes limitaciones de acceso que comprometen el cumplimiento de la Norma Básica de Autoprotección. La vía que conduce hasta Fuerte Mendizábal consiste en una carretera estrecha de aproximadamente dos kilómetros de longitud que carece de aceras. Los sindicatos advierten de que el flujo constante de personas por la calzada provocará colapsos en la circulación, dificultando el tránsito regular y el posible paso de los vehículos de emergencia.

El uso compartido de esta arteria para gestionar el funcionamiento diario de la prisión y el tránsito generado por el campamento de migrantes incrementa la vulnerabilidad del entorno. La eventual ocupación de las vías de evacuación podría bloquear la respuesta de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los bomberos o las ambulancias ante cualquier conato de altercado o contingencia médica en el interior del recinto penitenciario.

El precedente del Puerto: la sombra sobre las infraestructuras críticas

La tensión suscitada en torno a Fuerte Mendizábal evoca las recientes advertencias policiales respecto al dispositivo instalado en el Puerto de Ceuta. Responsables de las Unidades de Intervención Policial (UIP) señalaron esa localización como una de las elecciones más complejas por su proximidad a una infraestructura vital para la ciudad autonómica. La concentración de personas en las instalaciones portuarias entrañaba el riesgo de que cualquier alteración del orden obligara a paralizar el tráfico marítimo, comprometiendo el abastecimiento y las comunicaciones con la península.

La réplica de este modelo mediante un nuevo campamento de migrantes junto a la prisión reaviva el debate sobre la selección de emplazamientos para dispositivos de emergencia. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de dar cobijo bajo techo ante las inclemencias del otoño, la plantilla penitenciaria insiste en que no se puede comprometer la seguridad de una infraestructura estratégica para resolver la presión asistencial en la zona fronteriza. La incertidumbre sobre el inicio del montaje mantiene en vilo a los trabajadores del centro penitenciario a la espera de una respuesta oficial por parte del Ministerio del Interior.

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