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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha enviado una nota a unos 200 ayuntamientos en España. Les advierte que tendrán que devolver los fondos europeos Next Generation si eliminan las zonas de bajas emisiones (ZBE). Esta advertencia se hizo a través de una carta que fue obtenida por Público. El Ministerio, bajo la dirección de Raquel Sánchez, está alertando a todos los ayuntamientos que han recibido fondos de la Unión Europea en el último año para crear áreas sin emisiones en el centro de las ciudades.
Tensión en España por fondos europeos y zonas de bajas emisiones
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha emitido una advertencia a aproximadamente 200 ayuntamientos en España, señalando que deberán reembolsar los fondos europeos del programa Next Generation si deciden desmantelar las zonas de bajas emisiones (ZBE). Esta notificación se hizo a través de una carta obtenida por Público. El mensaje, dirigido a todos los ayuntamientos, independientemente de su afiliación política, es un claro aviso para aquellos municipios controlados por el Partido Popular (PP) y Vox, que, después de ganar las elecciones municipales, anunciaron planes para eliminar estas zonas y carriles bici.
El Ministerio subraya que no solo se requerirá la devolución de los fondos europeos en caso de eliminar completamente las áreas libres de emisiones, sino también si se realiza cualquier modificación parcial en el proyecto urbanístico. La Ley General de Subvenciones establece que las ayudas deben ser devueltas en caso de "incumplimiento total o parcial del objetivo (...) que justifica la concesión" de los fondos.
Además, el Ministerio de Transportes señala que cualquier cambio en las ZBE debe ser notificado previamente a la Secretaría de Estado de Transportes, que debe aprobarlo o rechazarlo. De lo contrario, los alcaldes corren el riesgo de perder estas valiosas ayudas, que en algunos casos son significativas, como en el caso de los carriles bici.
Se establece el requisito de que las ciudades mantengan en funcionamiento estas áreas de movilidad sostenible durante al menos cinco años desde su implementación para evitar sanciones. Los alcaldes de municipios con más de 50.000 habitantes también están obligados a crear zonas para restringir el tráfico contaminante, y según la Ley de Cambio Climático, se espera que estas áreas estén operativas para el año 2023.
Conflicto por carriles bici financiados por la UE en España
Los carriles bici financiados con fondos de la Unión Europea han sido el punto de conflicto en varios ayuntamientos bajo el control de partidos de derecha, como el PP, Vox y Foro. Al menos seis de estos municipios, incluyendo Logroño, Valladolid, Palma, Gijón, Valencia y Elche, han comenzado a desmantelar carriles bici y reemplazarlos con ciclocarriles, donde los ciclistas comparten espacio con los automóviles, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad.
Estos seis municipios corren el riesgo de tener que devolver hasta 14.5 millones de euros en fondos europeos destinados a la creación de carriles bici. Solo Logroño notificó su intención de hacer cambios parciales en su red de ciclovías, pero el Ministerio de Transportes rechazó su plan y advirtió sobre la devolución de los fondos. El resto de los municipios no han informado al Ministerio sobre sus planes, y algunos, como Gijón y Elche, ya han comenzado las obras.
María José Ralló, secretaria general de Transportes, ha expresado su preocupación por la situación y ha cuestionado por qué los partidos de derecha y extrema derecha tienen problemas con la movilidad sostenible y la mejora de la calidad del aire en las ciudades. Ha destacado la importancia de utilizar de manera eficiente los fondos europeos y garantizar la calidad del aire para los ciudadanos, así como el respeto en entornos como los carriles bici.
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