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El Gobierno español aún no ha fijado una fecha para aprobar el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, un compromiso adquirido en 2021 que sigue pendiente pese a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta en estos días. La promesa de un plan específico para garantizar la seguridad y el bienestar de la población de ambas ciudades, por su ubicación en África y la singularidad de sus fronteras, continúa sobre el papel sin concreción calendarizada.
Una promesa de 2021 que aún no se ha materializado para Ceuta y Melilla
La Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de 2021 ya señalaba que la ordenación de los flujos migratorios y la lucha contra las redes de migración irregular y trata de seres humanos deben ser elementos de atención permanente por parte de las Administraciones Públicas. El documento subrayaba que la vigilancia y el control de las fronteras es un elemento fundamental en este ámbito y anticipaba que factores como el cambio climático podían agravar las situaciones de migraciones masivas en Ceuta y Melilla.
En ese mismo texto, publicado en el BOE, se destacaba que la posición geoestratégica de España expone al país de manera especial frente al esperado aumento de los flujos migratorios hacia Europa en los próximos años. Esa exposición es aún mayor en el caso de las dos ciudades autónomas que comparten frontera con Marruecos, por lo que el Ejecutivo reconocía entonces que el Estado debe prestar especial atención a la situación de Ceuta y Melilla para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
Esa especial atención debía traducirse en un plan integral que, sin embargo, permanece pendiente de elaboración cinco años después de aquel compromiso. El propio Gobierno admitió en mayo de 2026 ante el Congreso que actualmente no hay definida una fecha para la finalización del Plan y que solo existen avances sobre un texto base.
La crisis de Ceuta devuelve el tema a la palestra
En los últimos días, miles de migrantes han cruzado la frontera y llegado a Ceuta, en un episodio cuyo precedente más próximo tuvo lugar en mayo de 2021, meses antes de que el Gobierno planteara la necesidad de elaborar un plan específico para afrontar este fenómeno. La crisis actual ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades y ha colapsado los servicios sociales y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
El jueves por la tarde, atendiendo a las reclamaciones de la ciudad autónoma, el Ejecutivo decidió enviar a las Fuerzas Armadas para el refuerzo de la seguridad en Ceuta. El Gobierno ha ordenado la movilización de unidades del Ejército de Tierra desplegadas en la ciudad para reforzar a la Guardia Civil ante la presión migratoria, bajo la coordinación del Mando de Operaciones.
El despliegue anunciado incluye el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta. Interior mantiene desplegados a 80 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y prevé la incorporación de otros 40 efectivos. También se ha reforzado la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta y se mantienen en el terreno dos grupos de buceadores, embarcaciones del Servicio Marítimo, además de planearse el refuerzo del servicio aéreo con un helicóptero.
Por otro lado, se pretende alcanzar en los próximos días una dotación de 200 efectivos de la UIP y la UPR de la Policía Nacional, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta. Según fuentes oficiales, tres regimientos del Ejército de Tierra se encuentran preparados para el despliegue: el Grupo de Regulares de Ceuta n° 54, el Tercio Duque de Alba 2° de La Legión y el Regimiento de Caballería Montesa n° 3, que entre los tres suman unas 2.000 unidades.
La ley de Seguridad Nacional, un mecanismo sin precedentes para Ceuta y Melilla
Este despliegue se ha llevado a cabo sin necesidad de hacer uso de la Ley de Seguridad Nacional a la que aludieron el jueves tanto Ceuta como el Partido Popular. Esta norma prevé el modo de operar cuando se produce una situación de interés para la seguridad nacional: aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes.
De acuerdo con la ley, compete al presidente del Gobierno declarar esta situación por medio de real decreto. Desde que en 2015 se aprobó la ley para Ceuta y Melilla, esta situación nunca se ha declarado y no existen precedentes del uso del mecanismo que Ceuta y el PP reclaman ahora al Ejecutivo central.
En cualquier caso, la norma maneja unos términos amplios y expone que la situación de interés para la seguridad nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. La ley prevé, más que medidas concretas como la posibilidad de desplegar al Ejército o el cierre de fronteras, mecanismos de coordinación entre distintas administraciones. Asimismo, atribuye determinadas funciones al Consejo de Seguridad Nacional, como la dirección y coordinación de la gestión de la situación y el asesoramiento al presidente del Gobierno cuando la situación requiera la aplicación de medidas excepcionales.
El contexto de la crisis migratoria
La crisis actual en Ceuta se ha desarrollado tras la llegada masiva de miles de migrantes desde Marruecos, en lo que algunos medios han calificado como la peor crisis migratoria desde 2021, cuando cerca de 10.000 personas cruzaron a territorio español en apenas unas horas. Al cierre de la jornada del 31 de julio, las Fuerzas de Seguridad estimaban que más de 53.000 personas ya habían regresado voluntariamente a Marruecos, mientras el balance provisional de la crisis ascendía a 57 fallecidos.
La resolución del Tribunal Supremo sobre devoluciones en caliente por vía marítima aparece como uno de los detonantes judiciales de la oleada, según han señalado diversos medios. Mientras tanto, Melilla ha cerrado su frontera después de que centenares de personas intentaran acceder también durante la noche, lo que ha llevado a reforzar el dispositivo de seguridad en la otra ciudad autónoma.
La situación pone de relieve la vulnerabilidad de Ceuta y Melilla que ya identificó la Estrategia de Seguridad Nacional en 2021, cuando pidió un plan específico para protegerlas que nunca llegó a materializarse. Ceuta afronta así la mayor entrada de su historia sin el instrumento ordenado cuatro años y medio antes, en un contexto donde la primera alarma estructural ya había llegado en diciembre de 2021, siete meses después de que Marruecos relajara la vigilancia por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Polisario.
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