El contenedor marrón llegará a España antes de enero de 2024

Antes de enero de 2024 todas la comunidades autónomas y las entidades locales españolas tendrán que implantar la recogida de restos orgánicos con el contenedor marrón.

En la Comunidad de Madrid ya hay muchas comunidades de vecinos que han sumado el contenedor de color marrón a los cubos amarillo (plásticos) y naranja. Además de que en muchas de ellas se repartieron contenedores pequeños de este color marrón, con panfletos explicativos de este nuevo cubo, acompañados con una semilla para plantar.

La labor de la recogida de restos orgánicos mediante el contenedor marrón es para aprovechar los biorresiduos, ya que ello es una exigencia «ineludible e inevitable» de la Unión Europea.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica Margarita Ruiz Saiz-Aja, durante la celebración de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en Suances bajo el título «Soluciones para el aprovechamiento de los biorresiduos» se advirtió de estas medidas.

El contenedor marrón será el recipiente que contiene los restos orgánicos para aprovechar los biorresiduos

Durante su ponencia, Ruiz Saiz-Aja, hizo un análisis de la situación actual en España. Tan solo Cataluña tiene implantado el quinto contenedor para la recogida de la fracción orgánica de los residuos domésticos.

Pero también notificó que otras comunidades y entidades locales, como es el caso de Madrid, habían comenzado a dar a conocer este nuevo contenedor a los habitantes. Navarra, País Vasco o la Comunidad Valenciana están moviéndose adoptando medidas muy necesarias, y cada vez son más lo que avanzan en la gestión de los biorresiduos.

2024 será la fecha tope para que todos los países realicen una gestión correcta sobre sus residuos domésticos orgánicos. Pero el Ministerio español ha dejado clara su intención de adelantar la llegada del contenedor marrón mucho antes.

Una de las primeras medidas que se tomarán desde la cartera de Transición ecológica serán la revisión de la Ley de Residuos, cambiando una medida del 2018, donde se establecerá la obligatoriedad, fijando un calendario, una hoja de ruta que se seguirá desde entidades locales y comunidades autónomas.