El Gobierno quiere poner fin a los contratos de corta duración

El Gobierno plantea eliminar los contratos de corta duración. A partir de ahora, la penalización por firmar este tipo de contratos es de algo más de 27 euros: 27,53 euros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tratará a partir de ahora que se firmen menos contratos inferiores de 30 días. Esta penalización tratará de combatir la temporalidad en la que nos hemos visto envueltos durante la pandemia.

Han sido muchos los sectores afectados por contratos de corta duración. Durante el Covid, el primer sector afectado es el de los profesionales sanitarios ya que, en muchas ocasiones, los médicos, enfermeras y demás familia han firmado contratos tanto por días como por horas.

¿Qué sectores se han visto más afectados por los contratos de corta duración?

El sector más importante durante la pandemia es uno de los más afectados por los contratos de corta duración. Me refiero a los profesionales sanitarios. Tras ellos, también han estado al pie del cañón por ejemplo, los servicios de limpieza de los hospitales y de las calles que han cumplido una labor esencial no solo durante la fase más crítica de la pandemia sino también ahora.

La penalización de los contratos de corta duración se calcula en función de la base mínima de cotización diaria del grupo 8 (oficiales de primera y segunda), que al igual que el resto de bases mínimas se ha incrementado un 3,6% para 2022, en consonancia con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en la misma cuantía. Esta medida ha entrado en vigor la semana pasada pero, con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2022.

Las empresas deben tener en cuenta que deben ofrecer un empleo de calidad

El Gobierno quiere combatir la temporalidad en el empleo pero, sin embargo, este tipo de contratos no se incluyen en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, ni tampoco a los contratos por sustitución.

Esta penalización es concebida como una forma de desincentivar a las empresas a hacer contratos muy cortos, de días o de apenas cuatro semanas, lleva tres meses en vigor y, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha hecho retroceder el volumen de contratos de muy corta duración.

3 de cada 10 contratos que se firmaron entre 2017 y 2020 eran contratos de muy baja duración

3 de cada 10 contratos que se firmaron entre 2017 y 2020 eran contratos de baja duración. Sin embargo, durante el mes de marzo de este año, la temporalidad se ha reducido en un 18 % hasta el 11,5 %, mientras que los contratos de dos a siete días suponen el 16 %, once puntos menos.

Además, hay que tener en cuenta que casi la mitad de los contratos que se firmaron en enero siguieron vigentes durante el mes de marzo. Esta cifra se multiplica por 5 con respecto a antes de alcanzar el acuerdo por la reforma laboral que se aprobó en el Congreso.