Cataluña lidera los contratos públicos de cara a las personas con discapacidad

Cataluña es la comunidad que más contratos públicos destina a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, con más de 22 millones de euros adjudicados en 2023. Le siguen Cantabria, con 15 millones, y Euskadi, con 10 millones. Este tipo de contratos, conocidos como "reservados", están destinados a empresas sociales que emplean al menos un 30% de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. La legislación europea de 2004 exige que las administraciones públicas reserven estos contratos para fomentar la inclusión social.

Cataluña lidera los contratos públicos de cara a las personas con discapacidad

La administración de Cataluña lidera en la adjudicación de contratos públicos a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, con más de 22 millones de euros en 2023. Este aumento del 25 % en los fondos asignados destaca su compromiso con la inclusión. Le siguen Cantabria con 15 millones y Euskadi con 10 millones.

Desde 2004, la Unión Europea ha implementado la figura de los “contratos reservados”, los cuales deben ser adjudicados a Centros Especiales de Empleo (CEE) o Empresas de Inserción (EIS) que empleen al menos un 30 % de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Estos contratos públicos tienen como objetivo promover la economía social y la participación de estas empresas en licitaciones públicas.

En España, la ley de Contratos del Sector Público regula estos procesos, aunque los porcentajes y valores mínimos de licitación varían entre las comunidades autónomas.

El informe sobre los contratos públicos para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social muestra grandes diferencias entre las comunidades autónomas en cuanto al cumplimiento de sus objetivos.

Catalunya destaca como la región con mayor inversión, adjudicando más de 23 millones de euros en 2023, seguida de Cantabria, con 15 millones, y Euskadi, con 10 millones.

Sin embargo, a pesar de estos datos, el informe advierte que las comparaciones entre las 17 comunidades deben hacerse con precaución debido a la disparidad en los criterios utilizados para fijar los objetivos.

Otras regiones y sus metas

Mientras que algunas regiones como País Vasco y Cantabria superaron sus metas, otras no alcanzaron ni el 1 % de sus objetivos. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que se propuso contratos por valor de 14,76 millones, solo logró destinar el 0,23 % a empresas de inserción social. La Comunidad de Madrid, que tenía un objetivo de 49,22 millones, alcanzó apenas el 0,74 %.

En el caso de Castilla y León, se fijaron 3,04 millones, pero la ejecución fue solo del 5,65 %, y Baleares logró el 7,69 % de su objetivo. En contraste, comunidades como Extremadura, Navarra y la Región de Murcia no cumplieron sus metas, y algunas ni siquiera alcanzaron el 1 % de ejecución.

Además, las diferencias entre las administraciones autonómicas también son notables en los objetivos establecidos. Mientras que algunas comunidades fijan un porcentaje de contratos públicos destinados a empresas de inserción social, otras establecen metas económicas.

Por ejemplo, Catalunya ha optado por un volumen económico de 25 millones de euros para 2023, superando su meta con 22,38 millones, un 89 % del objetivo establecido.

En cambio, Aragón ha establecido como meta la adjudicación de un número concreto de contratos, alcanzando 92 contratos por un valor de 2,06 millones, con una ejecución del 38,8 %.

Por otro lado, algunas comunidades no han fijado objetivos claros para los contratos públicos, lo que hace que sea difícil medir el cumplimiento. A pesar de ello, han realizado algunas licitaciones sociales, como Andalucía, que destinó 2,23 millones, o Asturias, que licitó 69.634 euros en este tipo de contratos.