13/03/2025 - 09:34
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha instado al Gobierno de España a firmar la Convención Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Esta iniciativa busca garantizar que el desarrollo y uso de la IA respeten los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de derecho, evitando sesgos y discriminaciones.
La inteligencia artificial es una tecnología con un enorme potencial, pero también plantea riesgos, especialmente para colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad. La falta de regulación específica puede dar lugar a algoritmos que perpetúan desigualdades y limitan el acceso a derechos básicos como el empleo, la educación o la participación social.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó al Gobierno que España firme y ratifique la Convención Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho , a fin de "asegurar que el despliegue de la Inteligencia Artificial es coherente con una visión exigente de derechos humanos".
Esta convención, aprobada el pasado 17 de mayo y abierta a la firma desde el 5 de septiembre, es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en el ámbito de la Inteligencia Artificial, según explicó el Cermi. Al contrario que países europeos como Noruega, Reino Unido y la propia Unión Europea, España aún no la ha suscrito.
El objetivo de este tratado internacional es garantizar que las actividades dentro del ciclo de vida de los sistemas de Inteligencia Artificial sean plenamente coherentes con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, al tiempo que se favorece el progreso tecnológico y la innovación.
La convención dedica su artículo 18 a los derechos de las personas con discapacidad y de los niños, estableciendo que “cada parte, de conformidad con su Derecho interno y las obligaciones internacionales aplicables, tendrá debidamente en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas en relación con el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y de los niños”.
Por todo ello, el Cermi instó al Gobierno a que España firme “con celeridad este tratado internacional, para disponer así de instrumentos de promoción, protección y garantía de los derechos humanos en la esfera de la Inteligencia Artificial”.
IA y derechos humanos: una cuestión urgente
La Convención Marco del Consejo de Europa pretende establecer un marco normativo que garantice el uso ético y no discriminatorio de la inteligencia artificial en los países firmantes. Esto es clave para prevenir la discriminación algorítmica, que puede afectar a personas con discapacidad, minorías o colectivos desfavorecidos al ser excluidos de procesos automatizados de selección, atención sanitaria o acceso a servicios públicos.
El Cermi, como organismo defensor de los derechos de las personas con discapacidad en España, considera que la adhesión a esta convención es un paso imprescindible para asegurar que la IA se desarrolle de forma inclusiva y accesible. Según la organización, es necesario garantizar que los sistemas de IA sean auditables, transparentes y diseñados con criterios de accesibilidad universal.
ODS 10: Reducir las desigualdades a través de una IA ética
La petición del Cermi está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 10 de la Agenda 2030 de la ONU, que busca reducir las desigualdades en el acceso a oportunidades y derechos. Una IA regulada y supervisada puede contribuir a este objetivo si se diseña teniendo en cuenta la diversidad de la sociedad y se evita que reproduzca sesgos existentes.
Por ello, el Cermi insiste en la necesidad de que España adopte una postura activa en la regulación de la inteligencia artificial y sus implicaciones en los derechos humanos. La firma de la Convención Marco del Consejo de Europa sería un compromiso claro para avanzar en una sociedad digital más justa y equitativa.
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