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El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Estatal), experto para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia Méndez, reclamó este lunes que el futuro tratado internacional incorpore de forma expresa las necesidades específicas de este grupo social. El portavoz advirtió que este colectivo sufre una situación de especial invisibilidad y desigualdad en el marco normativo actual.
Saravia realizó esta petición durante la destacada jornada institucional titulada ‘España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos’. Este importante evento clave sectorial fue organizado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) en la sede del Congreso de los Diputados en Madrid, reuniendo a expertos y representantes de la sociedad civil organizada.
Un tratado global urgente ante las carencias del sistema internacional
El representante de Cermi intervino en la mesa redonda dedicada en exclusiva a analizar el papel fundamental del movimiento asociativo ante el futuro tratado internacional impulsado en el seno de Naciones Unidas. Durante su ponencia magistral ante el auditorio, defendió que la aprobación de una alianza internacional constituye una respuesta urgente y necesaria ante las evidentes carencias del actual sistema internacional de protección de derechos humanos respecto de las personas mayores.
El papel activo de las organizaciones de personas mayores
Asimismo, el delegado institucional reclamó que las organizaciones representativas que defienden los intereses de las personas mayores y de las personas con discapacidad participen de manera directa y estable en todo el proceso. Esta implicación debe darse tanto en la compleja fase de elaboración del documento como en el futuro seguimiento de las directrices que dicte la citada Convención Internacional de la ONU.
De igual modo, Saravia subrayó con firmeza que el envejecimiento de la población con discapacidad plantea desafíos específicos relacionados directamente con la salud integral, la funcionalidad diaria, la autonomía personal y la plena participación social. Estas problemáticas crecientes exigen, por tanto, respuestas públicas especializadas, transversales y perfectamente adaptadas a la realidad del entorno actual.
En este sentido, alertó de que las personas mayores con discapacidad representan un colectivo social muy vulnerable, fruto de la convergencia directa del binomio entre la discapacidad y la edad avanzada. A su juicio, esta realidad demográfica ha sido históricamente escasamente explorada y tratada por las administraciones, por lo que la respuesta institucional ofrecida hasta la fecha sigue siendo del todo insuficiente para cubrir sus demandas básicas.
Mecanismos de gobernanza y participación efectiva
Por todo ello, el delegado del Cermi defendió la creación inmediata de mecanismos permanentes de participación que permitan a las organizaciones representativas de personas mayores intervenir con plenas garantías jurídicas. Esta presencia activa debe darse tanto en el ámbito nacional como internacional en todas las decisiones ejecutivas que les afectan directamente en su día a día. El objetivo final es asegurar una gobernanza democrática basada en los derechos humanos y en la participación efectiva de la sociedad civil organizada.
La futura Convención multilateral de las Naciones Unidas debe configurarse, según los expertos, como una herramienta jurídica vinculante que obligue a los Estados miembros a desarrollar políticas públicas presupuestadas y evaluables. No se trata únicamente de un catálogo de buenas intenciones, sino de un imperativo legal para corregir las desigualdades estructurales que afectan a las personas mayores en todo el planeta.
Con este encuentro en el Congreso de los Diputados, España reafirma su compromiso político de liderar el debate europeo hacia la ratificación de este tratado. Las organizaciones sociales esperan que las aportaciones del Cermi sirvan de base sólida para consolidar un texto legislativo definitivo e inclusivo, que no deje atrás en absoluto a los ciudadanos seniles que además conviven con situaciones de discapacidad severa, garantizando así una vejez digna, activa y con plenos derechos para toda la ciudadanía española sin distinción alguna.
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