De la Cueva dice que el alza del SMI tendrá un efecto positivo en la economía

Madrid, 12 mar (EFE).- La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha asegurado este martes que el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019 tendrá un "efecto positivo" en la economía española.

En un desayuno organizado por Executive Forum, De la Cueva ha indicado la necesidad de hacer un análisis sobre el conjunto de la economía y el impacto que tiene el SMI sobre las cotizaciones, el consumo, el mantenimiento de la actividad o la desigualdad, y ha concluido que, de momento, los primeros indicadores "no son malos".

La secretaria de Estado ha asegurado que la decisión de elevar el SMI se tomó tras "analizar los riesgos" y evaluar su evolución respecto a otras variables económicas, como los márgenes empresariales, y teniendo en cuenta las referencias europeas.

Además, ha dejado claro que en España hay "un elevado número de empleados pobres, "que trabajan y no pueden gestionar su vida", algo que ha dicho "nos tiene que preocupar", por lo que el Gobierno ha adoptado medidas simultáneas, como un plan de choque de empleo juvenil, y otro para parados de larga duración.

Preguntada por las dificultades de acceso a la vivienda, De la Cueva ha asegurado que es tarea del Estado controlar la incertidumbre e incidir en el acceso a la vivienda como derecho fundamental.

Por ello, ha recordado el decreto ley de medidas de vivienda y alquiler aprobado recientemente con el que el Estado puede intervenir para dar más seguridad al inquilino, reforzar como han de ser los contratos o qué tipo de garantías se pueden pedir.

"Ello requiere de la intervención de los poderes públicos, igual que también para incentivar la oferta", porque "un mercado profesional de alquiler es imprescindible", ha dejado claro la secretaria de Estado.

Asimismo, ha destacado la ley de crédito inmobiliario, que dota de seguridad jurídica a las personas que desean acceder a la compra o alquiler de una vivienda, y con la que se traspuso por fin una directiva europea que se había demorado, costando 105.000 euros de multa al Estado por cada día de retraso.