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Quince gobiernos nacionales de África, Asia, el Caribe, Europa y el Pacífico han adoptado oficialmente este miércoles la Declaración de Mombasa en la undécima conferencia Our Ocean, comprometiéndose a impulsar la transparencia pesquera mundial y a reforzar los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La Declaración es un firme llamamiento directo a la acción urgente dirigido especialmente a los estados costeros y de pabellón —aquéllos bajo cuya bandera está registrado un buque pesquero— con el objetivo de avanzar en la recopilación y difusión de información sobre los buques y lograr un mayor acceso a los datos pesqueros. El acuerdo refuerza el apoyo en torno a la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca, que establece diez principios políticos de bajo coste. En este contexto, las naciones firmantes de este pacto reconocen que un estricto control pesquero es la base para proteger los océanos.
El debate en España y la necesidad de un mayor control pesquero
Respaldada por una coalición diversa de países —Bélgica, Camerún, República Dominicana, Francia (por sus territorios de ultramar), Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República del Congo, Somalia, Chile y Corea del Sur—, la firma supone el lanzamiento de una campaña global de cara a 2027. A pesar de que España no se ha adherido, la declaración llega en pleno debate sobre el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima. El texto legislativo español ya incorpora medidas para disuadir a personas físicas y jurídicas nacionales de participar en la pesca INDNR o facilitarla a través de buques con pabellón de terceros países fuera de aguas europeas, así como identificar a estos nacionales y prevenir la actividad de buques con pabellón de conveniencia.
Estas cuestiones conectan directamente con la Declaración de Mombasa, que exige modernizar registros, publicar autorizaciones y recopilar datos sobre los beneficiarios finales. En paralelo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudia actualizar el Real Decreto sobre empresas mixtas para avanzar hacia el registro obligatorio de los beneficiarios de empresas españolas en el exterior, potenciando el control pesquero a nivel nacional.
El grave impacto en las comunidades costeras y la seguridad alimentaria
Las comunidades costeras, los pescadores artesanales y las economías que dependen de la vida marina soportan las consecuencias más graves de la pesca INDNR, que amenaza los medios de vida y la seguridad alimentaria mundial. La Declaración responde impulsando medidas prácticas de la Carta Mundial para mejorar el acceso a licencias y actividad pesquera, reforzando la rendición de cuentas. Un adecuado control pesquero es indispensable para mitigar estos efectos.
Emelia Arthur, ministra de Pesca de Ghana, afirmó que su existencia depende del pescado: "El 60 % de nuestra proteína animal procede de él y el 10% de la población depende de esta cadena de valor. La pesca es una cuestión de cultura y seguridad nacional para todos nosotros". Por su parte, Madame Catherine Chabaud, ministra delegada de Francia, manifestó que su país se enorgullece de apoyar la iniciativa: "No podremos combatir eficazmente la pesca INDNR sin una mayor transparencia y cooperación internacional. La Declaración ofrece una gran oportunidad para mejorar la gobernanza".
El respaldo de las coaliciones internacionales frente al desafío global
La Declaración de Mombasa se ha desarrollado con el apoyo de la Coalición para la Transparencia Pesquera, que trabaja para promover la rendición de cuentas en todo el planeta. Los expertos estiman que la pesca INDNR cuesta a la economía mundial hasta 50.000 millones de dólares al año, privando de ingresos a los pescadores que cumplen la ley. Además, contribuye al declive de las poblaciones de peces y suele estar vinculada a graves abusos de derechos humanos, como las condiciones laborales inseguras o el trabajo forzoso. Por ello, optimizar el control pesquero es totalmente vital.
Maisie Pigeon, directora de la Coalición, señaló que una economía azul productiva y sostenible depende de un seguimiento eficaz, destacando que el impulso a favor de la transparencia en el mar es verdaderamente global. Beth Lowell, vicepresidenta de Oceana, afirmó con contundencia que "durante demasiado tiempo, la pesca internacional ha operado lejos de la costa con una supervisión insuficiente y cadenas de suministro totalmente opacas. La transparencia es esencial para proteger nuestros océanos y los medios de vida". Asimismo, Steve Trent, CEO de la Environmental Justice Foundation, declaró que la transparencia es la forma en que exponemos los abusos y apoyamos a las comunidades costeras.
Tony Long, director de Global Fishing Watch, dijo que "cuando los gobiernos se comprometen con la transparencia, comparten identidades y datos de seguimiento, creando una red interconectada en la que los actores ilegales no tienen dónde esconderse". Finalmente, Antha Williams, responsable en Bloomberg Philanthropies, indicó que "al mejorar el acceso a datos fiables, los gobiernos pueden tomar mejores decisiones para gestionar los recursos marinos de forma equitativa". Esta declaración refleja un compromiso compartido donde un renovado e integral control pesquero transfronterizo será la herramienta y la clave definitiva para transformar el futuro de la sostenibilidad de todos los ecosistemas marinos mundiales. Con la unificación de criterios, se espera instaurar un verdadero modelo de control pesquero eficiente y transparente en el panorama internacional.
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