El Gobierno aprueba el decreto de regulación de incentivos para contratar a personas con capacidad intelectual límite

El Consejo de Ministros aprobará hoy martes 25 de mayo, el real decreto sobre medidas de acción positiva para impulsar el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social confirmaron a Servimedia.

Con este decreto se establecería la regulación reglamentaria del marco de incentivos para la contratación de personas con capacidad intelectual límite, con vistas a mejorar su acceso al empleo.

Excluidos del grupo del 33 %

En su creación tuvo mucho que ver el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, también conocido como Cermi.

La plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad resaltó la necesidad de esta regulación puesto que los individuos con esta condición no cuentan con los beneficios del grupo social con el 33 % de discapacidad.

Comenta que estos incentivos se establecen para las personas con capacidad intelectual límite, las cuales no alcanzan el reconocimiento del 33 % de grado de discapacidad a pesar de su necesidad de apoyos, por ende, siendo excluidas de las medidas de promoción del empleo ordinario que recibe este grupo social.

El real decreto forma parte del desarrollo reglamentario de la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, urgía al Gobierno a controlar medidas de acción positivas cuyo objetivo fuese promover el acceso al empleo a personas con capacidad intelectual límite.

La norma fue sugerida por el ministerio de Trabajo y Economía Social, y el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

En la norma se establecerá la capacidad límite con un grado de discapacidad entre el 20 y 30 por ciento, se incentivará especialmente a las contrataciones de empleados por tiempo indefinido y se propondrán mecanismos de apoyo al empleo en la forma de preparadores, sistemas de seguimiento y la posibilidad de ampliar la duración de los contratos formativos hasta los 4 años.