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Madrid, 22 abr (EFE).- Los subsidios por desempleo, las ayudas al alquiler, el acceso a una vivienda de protección oficial, las becas de estudio o para la guardería son algunas ayudas a las que será más difícil acceder o que verán reducida su cuantía con la nueva congelación del IPREM que contemplan los Presupuestos de 2018.
Los sindicatos llevan años reclamando una mayor actualización del IPREM, ya que su congelación "empobrece a la parte de la sociedad que más ha padecido la crisis, porque pierden poder adquisitivo o se obstaculiza al acceso a las ayudas".
El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) se creó en 2004 con el objetivo de que las ayudas y subsidios no relacionados con el trabajo dejaran de actualizarse conforme al salario mínimo interprofesional (SMI).
La concesión de estas prestaciones no laborales está subordinada a los ingresos del solicitante, de manera que éstos no pueden superar un determinado número de veces el IPREM, al tiempo que la cuantía de algunas de estas ayudas se calcula en torno a este indicador.
La actualización del IPREM depende del Ministerio de Hacienda, se realiza cada año en los Presupuestos Generales del Estado y lleva cuasicongelado desde 2010.
Para 2018, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, el IPREM se mantiene en los 537,84 euros brutos anuales que fijó el Gobierno el año pasado tras incrementarlo un 1 %, lo que ponía fin a seis años consecutivos de congelación.
En concreto, el IPREM sirve para fijar los límites mínimos y máximos entre los que oscila la cuantía a percibir por la prestación contributiva por desempleo, así como para establecer la cuantía mensual del subsidio por desempleo.
Para el caso de las ayudas correspondientes a la renta agraria, el importe que se percibe depende del número de jornadas reales trabajadas y del IPREM mensual vigente.
También afecta a la asistencia jurídica gratuita, siempre y cuando los ingresos anuales del solicitante no superen un número determinado de veces el IPREM, fijado en función de sus condiciones familiares.
En el acceso a una vivienda, el IPREM establece los límites de ingresos anuales para optar a una de protección oficial, al tiempo que también es tenido en cuenta para las ayudas al alquiler.
El IPREM influye también en la concesión y cuantía de becas o ayudas al estudio, tanto a las de guarderías, como las de colegios, para formación o para estudiar en la universidad.
En el caso de una persona que no cumpla el requisito de cotización exigido para recibir la prestación contributiva por maternidad, puede solicitar la no contributiva, cuya cuantía está fijada en función del IPREM, así como las de las indemnizaciones por pérdida o paralización en el transporte de mercancías nacional.
¿Y qué pasa si se mantiene congelado? Pues que si el SMI y la inflación siguen evolucionando y el IPREM no lo hace a la par, llegará un momento en el que solo podrán resultar beneficiarios de estas ayudas las personas que se encuentren en situaciones absolutas de pobreza.
Desde que se creó en 2004, el IPREM ha sido revalorizado un 16,8 %, pasando de los 460,5 euros mensuales hasta los 537,84 de este año, mientras que el SMI ha subido un 59,8 % en el mismo periodo, al pasar de los 490,8 euros hasta los 735,9 %, al tiempo que la inflación ha acumulado un alza del 25,9 %.
Si los ingresos de las familias mejoran, pero se mantiene cuasicongelado el índice en función del cual se otorgan las ayudas o calcula su cuantía, el resultado es que se obstaculiza o dificulta su acceso, según explica el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino.
En el mismo sentido, la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, recuerda que "las rentas más bajas, las que se actualizan conforme al IPREM, seguirán siendo aún más bajas" y recuerda que ya han perdido 7,1 puntos de poder adquisitivo desde que se creó el indicador.
Un estudio elaborado por Belén Benjumea y dirigido por la catedrática de la Universidad de Sevilla María Dolores Pérez apunta a la necesidad de que el IPREM evolucione a la vez que lo hace la inflación, ya sea al alza o a la baja, porque lo contrario provoca que quienes menos tienen puedan perder poder adquisitivo.
No obstante, añade que ello también podría disparar el gasto público, por lo que considera conveniente "encontrar un equilibrio entre ambos aspectos".
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