El Congreso aprueba una ley que reduce los límites de alcoholemia al volante

El pasado 18 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta de ley que reduce la tasa máxima de alcoholemia permitida al volante. La iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la DGT, Pere Navarro, fue presentada por el PSOE.

La ley recibió 32 votos en contra, provenientes del grupo VOX, y 135 abstenciones por parte del PP. Con esta aprobación, se modificarán los niveles de alcohol permitidos al volante en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, específicamente en lo referente a la alcoholemia.

La DGT persigue un objetivo cercano la tasa cero de alcoholemia

Pere Navarro y su equipo en la Dirección General de Tráfico lo han reiterado en múltiples ocasiones: la única forma de garantizar la seguridad en las carreteras es que los conductores no consuman alcohol. Aunque todavía no se ha establecido una prohibición total del consumo de alcohol antes de conducir, los nuevos límites de alcoholemia están cada vez más cerca de convertir en una obligación legal el consejo de "si bebes, no conduzcas", una advertencia que Stevie Wonder ya nos ofreció hace 40 años.

Es importante destacar que la presencia de alcohol sigue siendo una causa significativa en los accidentes mortales, y en los últimos años, su incidencia ha aumentado. Esto demuestra que las campañas de concienciación sobre los peligros del alcohol al volante no han logrado cambiar la actitud de muchos conductores españoles. Según los datos de autopsias proporcionados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), en 2023, uno de cada tres conductores que murieron en accidentes de tráfico tenía alcohol en su organismo. Este alarmante 33 % resulta aún más preocupante si se considera que en 2018 la cifra era del 26 %, lo que indica un retroceso en este aspecto. No solo se observa en conductores, ya que en 2023, el 29 % de los peatones fallecidos dio positivo en alcohol, casi el doble que en 2018 (16 %).

Desde 2018, los controles de alcoholemia aleatorios han mostrado que aproximadamente el 4 % de los conductores consume alcohol. Aunque este porcentaje pueda parecer bajo, como señala el doctor Julio Pérez, asesor médico del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, “el alcohol está presente en un pequeño porcentaje de la población conductora. Sin embargo, de esos pocos, muchos terminan perdiendo la vida".

La DGT apunta a reducir accidentes con un límite más estricto

Los nuevos límites de alcoholemia buscan reducir al máximo el nivel permitido, pasando de 0,5 gramos por litro (g/l) de sangre a 0,2 g/l (equivalente a 0,10 (0,25 mg/l en aire espirado). Con esta reducción, se espera disminuir el número de conductores que manejan después de consumir alcohol y, de esta forma, los accidentes relacionados. Este impacto no solo se espera en el rango de 0,2-0,5 g/l, sino también en niveles más altos. En países como Suecia y Noruega, al aplicar el límite de 0,2 g/l, se vio una gran disminución de accidentes, según Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT.

Con estos cambios, la DGT se enfoca en reducir el riesgo en las primeras fases, cuando ya comienzan a verse afectadas las capacidades de conducción, como el tiempo de reacción más lento, la mala percepción de la velocidad, problemas de coordinación, mayor tolerancia al riesgo, dificultades en el movimiento ocular y fallos en la toma de decisiones.

También se penalizará más el aviso de los controles

En la misma modificación de la ley, se ha añadido una sección específica para sancionar a quienes informen sobre la ubicación de los controles de alcoholemia. Esto puede reducir su efectividad, ya que los conductores con exceso de alcohol podrían contar con medios para buscar rutas alternativas y eludir los controles, lo que permite que sigan circulando y representen un peligro para los demás.

Este tipo de infracción ya estaba contemplado en la legislación, pero ahora se endurece al punto de que avisar a otros sobre la presencia de controles móviles de alcohol y drogas será considerado un delito contra la seguridad vial, con penas que podrían incluir prisión. Bajo la legislación vigente, la sanción es una multa de al menos 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. Con la nueva norma, la multa inicial asciende a 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducción.