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Tal y como publica El Mundo, tras dos años acudiendo con normalidad a la escuela de verano, este mes de julio, Javi y Lucas han visto cómo una vez más su discapacidad les impide ser como el resto de sus compañeros.
Sus madres denuncian una discriminación institucionalizada y normalizada
El nuevo decreto 23/2018 de 6 de julio de 2018, que regula las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, especifica que en caso de participar en ellas personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales, al equipo dirigente habitual se le tiene que unir personal cualificado.
Esta nueva normativa, supuestamente, iba a mejorar la atención y los cuidados de estos menores. Sin embargo, no ha hecho otra cosa que discriminar a Lucas y Javi. Ni el centro educativo ni la empresa que presta el servicio de escuela de verano pueden asumir el coste derivado de la aplicación de una normativa.
En declaraciones ofrecidas a El Mundo, las madres de Javi y Lucas explican que "a principios de mayo llegó a nuestras manos el folleto de la escoleta de verano y en él se indicaba que las plazas para niños con necesidades especiales y/o específicas eran limitadas y, como familias afectadas, mostramos nuestra disconformidad. Nuestros hijos no son números ni pueden depender de ratios. Son simplemente niños y como tales deberían tener los mismos derechos que cualquier otro compañero de clase, independientemente de su discapacidad".
Javier tiene autismo y un grado de discapacidad del 35%, mientras que Lucas tiene parálisis cerebral y su grado de discapacidad es del 90%
Según el nuevo reglamento, los niños de la escuela de verano con una discapacidad superior en al 75% deben tener a su disposición un mínimo de una persona con la preparación y titulación adecuada. Si grado de discapacidad se sitúa entre el 65% y el 74%, deben estar a cargo de una persona para cada tres menores. Por último, si la discapacidad reconocida está entre el 33% y el 64%, se requiere un profesional para cada cinco niños.
En el caso de Javi y Lucas, para que los dos niños puedan ir a la escuela de verano, son necesarios un mínimo de dos monitores. Pero la escuela sólo dispone de uno.
Buscan soluciones
Ante la falta de recursos económicos tanto del CEIP de Prácticas como de la empresa que gestiona la escuela de verano, no dudaron en buscar ayuda o una subvención. En plena campaña electoral, no hubo forma de encontrar una solución. Los funcionarios de la conselleria les iban derivando a otras administraciones -como el IMAS o el Ayuntamiento de Palma-, alegando que no era responsabilidad de Juventud.
Casi dos meses después de haber registrado su escrito (24 de mayo) y haber solicitado contestación por carta, todavía no han recibido respuesta.
Al cabo de unos días de haber hablado con el director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, recibieron la llamada del director de Juventud, quien se comprometió a que habría subvenciones para las empresas de cara al próximo verano. Pero, ¿y la solución para este año?
"La discriminación de los niños con discapacidad está institucionalizada y normalizada. La gente no es consciente de que al no dejar participar a estos niños, está discriminado. Es una discriminación muy sutil, pero discriminación. El colegio está expulsando a los niños por falta de recursos. En la escuelas de verano, lo mismo. Hay que cambiar esta realidad", denuncia una de las madres de los niños afectados.
Cualquier persona con discapacidad tiene derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida cultural.
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