Greenpeace y WWF celebran las medidas del Gobierno con Doñana, pero piden soluciones reales y sostenibles

WWF celebró que el Gobierno y la Junta de Andalucía hayan alcanzado un acuerdo sobre Doñana, con el que el Ejecutivo andaluz retira definitivamente la propuesta de regularizar regadíos ilegales, y demandó “tolerancia cero” con los agricultores que riegan sin derechos de agua.

Por su parte, la organización ambiental Greenpeace valoró dicho acuerdo, pero reclamó que las ayudas no beneficien a agricultores que “roban agua”.

Ambas asociaciones apuestan por la recuperación y protección real de una vez por todas de este ecosistema natural que tan castigado está por culpa de la acción humana.

Los acuerdos sobre Doñana se celebran, pero se piden que sean reales y firmes

Desde WWF deseó que el pacto contribuya de modo significativo al desarrollo socioeconómico de la comarca con “alternativas viables que reduzcan la excesiva dependencia de los cultivos de frutos rojos y que redunde en beneficio de los valores ambientales de Doñana”.

Para ello, consideró necesario garantizar que las medidas propuestas de abandono de cultivos de regadío y de conversión de tierras (a uso forestal o cultivo secano) contribuyan a la recuperación de los acuíferos en Doñana.

“En ningún caso deben ser medidas orientadas a favorecer o beneficiar económicamente a quienes han estado durante años sobreexplotando los recursos naturales y compitiendo de manera desleal con quienes sí han cumplido con la ley”, sentenció.

Por ello, aplaudió que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se haya comprometido a no dar dinero de fondos públicos a quien no cumpla con la legalidad vigente.

Además, deseó que las distintas administraciones implicadas, pongan “todos los medios a su disposición para perseguir y cerrar todos los cultivos ilegales de la zona”, empezando por las fincas que ya se preparan para una nueva cosecha.

Por último, WWF indicó que estará muy vigilante con la aplicación del plan para garantizar que se reduce la presión sobre los recursos naturales y evitar que quienes han contribuido al deterioro del parque nacional de Doñana y de los acuíferos que lo alimentan se vean beneficiados económicamente.

Greenpeace pide que no se premie económicamente a las personas que han incumplido la ley

Greenpeace celebró que las medidas vayan encaminadas, entre otras cosas, a la transformación de cultivos agrícolas en otros fines como la renaturalización y la reconversión en secano o en agricultura ecológica, y que el marco de actuaciones se extienda a los 14 municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana.

Sin embargo, mostró su preocupación de que las explotaciones que han estado regando de forma ilegal durante años puedan beneficiarse de las ayudas para la diversificación agraria contempladas en el acuerdo.

Por ello, Greenpeace deseó que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cumpla su compromiso de no destinar dinero a fincas que han estado utilizando agua para regadío sin autorización.

Además, apuntó que el acuerdo no debería paralizar los procesos judiciales y administrativos ya abiertos hacia las fincas que han estado incumpliendo la ley durante años, y que se deben reforzar los esfuerzos para “perseguir el robo de agua con el cierre de“todos los pozos ilegales que hay en la zona de Doñana.

Por último, Greenpeace mostró su preocupación por el hecho de que los beneficiarios de las ayudas trasladen sus explotaciones de Doñana a otras zonas de la provincia de Huelva en las que el recién aprobado plan hidrológico contempla incremento de superficie de riego, lo que trasladaría “el problema a otras zonas”.