Lectura fácil
Actualmente nos enfrentamos a una de las realidades más crudas y dolorosas de la región, donde la crisis de seguridad no solo se mide en homicidios en las calles, sino en la pérdida sistemática de derechos fundamentales dentro del hogar y en los centros médicos. El desgarrador informe de la organización Efeminista expone cómo la violencia criminal organizada en Ecuador se ha convertido en un muro insalvable que torpedea el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.
El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) rompe el silencio y pone luz sobre una realidad invisibilizada. Sabe mucho mejor la búsqueda de justicia social cuando contamos con datos rigurosos que impiden a las instituciones mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de miles de mujeres y el personal sanitario.
El secuestro de la movilidad y el miedo como frontera invisible
El estudio desarrollado por el Cepam, titulado El acceso a la salud sexual y reproductiva en contextos de sistemas criminales, revela que el miedo se ha consolidado como una barrera estructural que restringe por completo la libre movilidad de las mujeres en las zonas más vulnerables de Guayaquil, Ecuador. Esta urbe, la más poblada de Ecuador y la que concentra el mayor índice de delitos del país, cerró el año 2025 con la escalofriante cifra de 2.569 asesinatos, en el marco de un récord nacional que rozó las 9.300 muertes violentas. En este ecosistema de terror, el año pasado fue también el más letal para las mujeres, registrándose 411 feminicidios, de los cuales al menos 256 estuvieron directamente vinculados a las dinámicas de las bandas criminales.
Para construir este diagnóstico, la organización entrevistó a casi un centenar de lideresas comunitarias y profesionales médicos en sectores críticos del sur y noroeste de Guayaquil, como Monte Sinaí, Socio Vivienda, Bastión Popular, Guasmo Sur, Isla Trinitaria o Trinipuerto. Los resultados son demoledores: el 96,3 % de las lideresas encuestadas afirma de manera categórica que la criminalidad bloquea el acceso a servicios esenciales que abarcan desde consultas ginecológicas básicas y entrega de anticonceptivos hasta el control del embarazo. Las mujeres, sencillamente, eligen no salir de sus casas y desatender su salud porque el trayecto hacia los centros médicos públicos se ha convertido en una ruleta rusa donde se arriesgan a ser víctimas de robos, tiroteos o agresiones por parte de los grupos delictivos.
Violencia intramuros: hospitales bajo el control de las mafias
Consideramos que uno de los hallazgos más alarmantes del informe es que el peligro no termina si la paciente logra sortear las balaceras de la calle y llegar al hospital. Un preocupante 61 % de las lideresas comunitarias denunció que la violencia criminal y las dinámicas de los grupos delictivos están plenamente presentes dentro de los propios centros de salud públicos. La infraestructura sanitaria, que debería operar como un santuario de cuidado y protección, ha visto su seguridad corrompida por la presión de las mafias locales.
Esta infiltración criminal genera un ambiente de pánico generalizado que afecta tanto a las usuarias como al personal sanitario. Los médicos y enfermeros relatan trabajar bajo un estado de amenaza constante, temiendo represalias físicas si atienden a miembros de bandas rivales o si denuncian situaciones de abuso. El informe detalla dinámicas de control y vigilancia extrema de una crueldad inaudita, especialmente en el área de atención por abortos: los especialistas médicos describieron escenarios donde esposos o parejas de las pacientes, que se encuentran privados de la libertad en centros penitenciarios, exigen de forma violenta presenciar las consultas ginecológicas íntimas mediante videollamadas a tiempo real. Ante el temor a ser agredidos, el personal de salud se ve coaccionado a ceder, debilitando el secreto médico y la intimidad de las pacientes.
Las secuelas sanitarias y la internacionalización de la crisis
Las consecuencias a medio y largo plazo de este bloqueo sanitario forzado por el crimen organizado ya se están manifestando en un grave empeoramiento de la calidad de vida de las mujeres en Ecuador. Al verse privadas de canales oficiales y seguros, muchas mujeres recurren a la automedicación o buscan asistencia en personas inexpertas de sus comunidades para resolver problemas complejos. Esto ha provocado una preocupante interrupción de los controles prenatales obligatorios, una drástica reducción en el acceso a métodos de planificación familiar y, como consecuencia directa, un repunte severo de los embarazos no deseados y abortos inseguros. A esto se suma el profundo trauma emocional y psicológico derivado del confinamiento forzado por el miedo.
Consuelo Bowen, gestora de incidencia política del Cepam, explica que el detonante para realizar esta investigación fue la llegada a sus oficinas de mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual por parte de miembros de bandas criminales y que buscaban auxilio psicológico desesperadamente. Al constatar que el personal de salud de los hospitales públicos no estaba denunciando estos abusos a la Fiscalía por miedo a sufrir venganzas, la organización entendió la magnitud del apagón institucional. Ante la falta de respuestas contundentes por parte del Estado ecuatoriano, el Cepam está planificando elevar los resultados de este informe a organismos internacionales de derechos humanos, tales como el Comité de la CEDAW de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es visibilizar ante la comunidad internacional que la gobernanza criminal en los barrios vulnerables no es solo un problema de orden público, sino un mecanismo de desmantelamiento de los derechos humanos de las mujeres.
Cuando las mafias controlan el camino al hospital y vigilan las consultas médicas, la salud de las mujeres se convierte en un botín de guerra. La seguridad pública debe medirse también por la libertad de acudir al médico sin temer por la vida.
Añadir nuevo comentario