11/05/2020 - 12:25
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La activación de la tramitación de la Ley de Educación durante el estado de alarma ha puesto en alerta a las asociaciones de Educación Especial, que denuncian que la nueva norma recogería el cierre de los colegios especiales.
La disposición adicional cuarta del proyecto de Ley de Educación prevé un plan para que, en el plazo de diez años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
El documento sigue: “Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.
El Ministerio de Educación asegura que el mensaje del cierre de colegios es “rotundamente falso”. Ya aclaró en 2019 que no pensaba clausurar estos centros y lo ha vuelto a hacer este 28 de abril
Fuentes de dicho Ministerio explican que el plan es “dotar a los colegios ordinarios de mejores condiciones y que a ellos puedan acudir los alumnos cuyas necesidades lo hagan posible”. Es decir, se seguirán prestando todos los servicios a estas personas, en un centro o en otro.
Por lo tanto, este tema es de especial cuidado. Comprendemos la inquietud de las familias ante cambios que afecten a este colectivo, y su necesidad de información exhaustiva, pero entendemos que, en los términos en los que se ha planteado, el mensaje difundido es un poco engañoso y por eso queremos hacerte llegar la preocupación de las familias. Para que así puedas entender la gravedad del asunto. Pero ten en cuenta que el inicio de la tramitación del texto legal es anterior al estado de alarma y no habrá una decisión inminente. “Eliminar” sugiere “prescindir de” y el Ministerio y el proyecto de Ley no dicen eso, aunque sí se intuya una transformación y una probable reducción del número de colegios especiales en un plazo de diez años.
Los colegios especiales agrupan a unas 37.000 personas en nuestro país
Varias entidades han enviado peticiones a los grupos políticos para incluir alegaciones al texto legal. Ese apartado recogería que "en el plazo de 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesario para atender en las mejores condiciones a los alumnos con discapacidad. (...) Los centros de educación especial, además de escolarizar a los alumnos que requieran atención muy especializada, desempeñarán la función de centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios". Esta última apreciación es la que algunas familias estarían interpretando como el antecedente del cierre de las instituciones escolares.
Las redes sociales han servido como plataforma para que entidades y familias reivindiquen su postura en contra del cierre de estos colegios de educación especial.
Varios medios de comunicación, como por ejemplo, El Español, se han hecho eco de la petición de Miriam y Rafa, dos hermanos que han grabado un vídeo en el que explican algunos de los motivos por los que están en desacuerdo. Él, con síndrome de Down, acude al centro Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina.
'No cierres mi cole'
Rafa acudía hasta el año pasado a un centro de educación ordinario y el adolescente de 14 años afirma que allí se pasaba las clases "jugando con la tablet". También, que compartía aula con unos 20 alumnos, mientras que en su centro actual lo hace con cinco compañeros.
Un mensaje con una alta viralidad en WhatsApp y redes sociales afirma que “El Gobierno aprovecha el estado de alarma para tramitar la Ley de Educación que pretende ELIMINAR los colegios de Educación Especial. La ministra Isabel Celáa quiere traspasar a los alumnos con discapacidad a colegios ordinarios”.
Este mensaje va acompañado de un hilo de Twitter vinculado a una campaña que circula por redes con las etiquetas #NoCierresMicole, #SanchezNoCierresMiCole y #EspecialTambién.
Después de analizar el mensaje y todo lo que conlleva es normal que genere polémica pero es engañoso y mucho más complicado, ya que ni el proyecto de ley defiende la eliminación de los colegios de educación especial ni se ha empezado a tramitar durante el estado de alarma.
La polémica tiene su origen en el proyecto del Gobierno para reformar la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) , presentado con anterioridad al estado de alarma.
‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’, es la plataforma impulsora de la campaña de oposición con un manifiesto en 2019.
Su representante José María Escudero pide “que dentro del sistema educativo haya diferentes modalidades que den el servicio y la respuesta a la diversidad del alumnado con discapacidad”. Cree que hacen falta entornos específicos para estos estudiantes: “Cada niño necesita una cosa diferente y eso se da en un colegio de educación especial”.
La asociación que representa considera que la disposición debe retirarse porque no hace falta, es ambigua y llevará a una reducción drástica del número de colegios especiales o a su vaciamiento progresivo: “Si un campo de fútbol lo utilizas solo para conciertos deja de ser un campo de fútbol”.
La respuesta del Gobierno
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha salido al paso de las críticas reiterando su apoyo al alumnado con necesidades especiales y enfatizando que es "absolutamente falso que el Gobierno vaya a cerrar los centros de educación especial".
Desmienten, por lo tanto, la información que están divulgando desde algunas organizaciones y recuerdan que el texto legal marca que los colegios seguirán abiertos.
El Ministerio trabajará para que los alumnos con necesidades especiales que se escolarizan en centros ordinarios puedan "tener la mejor atención porque lo contrario sería una grave discriminación, tanto para ellos como para sus familias, al negarles los derechos recogidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad".
Por lo tanto, es absolutamente falso que el Gobierno vaya a cerrar los centros de educación especial.
El Ministerio trabajará para que los alumnos con necesidades especiales que se escolarizan en centros ordinarios puedan tener la mejor atención porque lo contrario supondría una grave discriminación, tanto para ellos como para sus familias, al negarles los derechos recogidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional lamenta profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable.
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