Los centros de educación especial están en riesgo

En el contexto de la educación, y en concreto la enseñanza inclusiva, donde se hace una clara referencia a las personas con discapacidad, se aborda también, la situación de los centros específicos. Es una cuestión que hace un año despertó sentimientos y posiciones encontradas y en estos días, a pesar del estado de alarma, vuelve a entrar en escena.

Hacemos referencia al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), que venía tramitándose desde hace más de un año y que cuyo plazo para presentar enmiendas a la totalidad y parciales de la Ley finalizaron el pasado 24 y 29 de abril de 2020, respectivamente.

Desde el año pasado se empezó a hacer pública la iniciativa de supresión de la Educación Especial para convertir los centros educativos ordinarios en centros inclusivos, es decir, centros que atenderán a todo el espectro de la diversidad de capacidades en las mismas aulas. La llamada ‘Ley Celaá’ no contempla aumentar la financiación de los centros de educación especial.

En este artículo observamos y exponemos lo que dicen las partes, ante una cuestión que requiere debate, consenso y claridad. Recogemos las valoraciones de profesionales que trabajan en el sector, padres, madres y claro está, la información que ofrece el Ministerio al respecto.

No cabe duda en que hay que invertir en inclusión, la cuestión es si eso se va a hacer a costa del desahucio educativo de la infancia más vulnerable

Partimos de la base de un proyecto de Ley, en el que no aparece una partida económica. Desconocer las fases, contenidos y forma de aplicación, se avecina complejo. Desde el Gobierno se trabaja la Ley, que tendrán que aplicar las Comunidades Autónomas. Tal y como venimos viendo, en educación y otras materias, la desigualdad se manifiesta en unos territorios y otros dentro de una misma nación.  

El tiempo que establece el Ministerio para aplicar esta Ley, es de diez años, y en tiempo de fases y hojas de ruta, en este sentido que nos ocupa, no se concretaron estas cuestiones. Ambigüedad y desconcierto son algunas claves de las opiniones escuchadas. Llegar a los Objetivos de Desarrollo y alcanzar lo estipulado y firmado por España en la carta de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad, es una meta que plantean otras voces. Un asunto que ocupa y preocupa a un porcentaje importante de nuestra sociedad al centrarse en las personas con discapacidad, su educación, dignidad y reconocimiento de personas de derecho.

Para el desarrollo de esta información aportamos las valoraciones del Ministerio de Educación, y con respecto a las organizaciones sociales, con Plena Inclusión, que atiende y presta servicio a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias; ASPACE, organización nacional que en España atiende a personas con parálisis cerebral y sus familias; La Plataforma Inclusiva Si. Especial también, que defiende ambos modelos; el CERMI, Comité de Representación de Personas con Discapacidad.

¿Qué indica el Ministerio de Educación al respecto?

El Ministerio de Educación y Formación Profesional reitera su compromiso con el alumnado con necesidades especiales, tanto en centros ordinarios como especializados.

Hemos intentado en varias ocasiones contactar con comunicación del Ministerio. Atiende un contestador automático y nadie responde las llamadas, remiten a un correo electrónico. Enviamos algunas cuestiones, y no hubo respuesta, por lo que recogemos las declaraciones al respecto en un comunicado emitido.

• El MEFP desmiente rotundamente que se vayan a cerrar centros de educación especial, tal como están difundiendo algunas organizaciones.
• El texto del Proyecto de Ley recoge el compromiso de dar respuesta a las necesidades de los alumnos con discapacidad, sea cual sea el tipo de centro en el que se escolaricen.
• Negar medios adecuados a los alumnos escolarizados en centros ordinarios supondría una clara discriminación al incumplir el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Proyecto de Ley de Educación, que actualmente está en fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, recoge literalmente que “el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

En ese mismo texto se dice que “las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Es "absolutamente falso” que el Gobierno vaya a cerrar los centros de educación especial, indica el Ministerio.

El MEFP trabajará para que los alumnos con necesidades especiales que se escolarizan en centros ordinarios puedan tener la mejor atención porque lo contrario supondría una grave discriminación, tanto para ellos como para sus familias, al negarles los derechos recogidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad.

Finalmente, desde el Ministerio se lamenta profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable.

El Ministerio afirma en esta nota que no cerrará los centros específicos. Aún así, las opiniones están muy enfrentadas

• Fuentes consultadas a Plena Inclusión, nos indican que la entidad, defiende “la necesidad de una extensión real, en toda la red de centros escolares, de la educación inclusiva”. Afirman que “hoy en día, el 80% de los niños y niñas con discapacidad escolarizados estudian en colegios ordinarios”.

Para progresar hacia el objetivo de la generalización del derecho a la educación inclusiva en todos los centros, insiste Plena inclusión, hay que garantizar que la nueva Ley de Educación vaya acompañada de los medios y apoyos necesarios. De este modo, España podrá convertirse en uno de los países en el que todos los niños o niñas en edad escolar accedan sin restricciones a este derecho fundamental.

Con la educación inclusiva toda la sociedad gana

Tanto el alumnado con discapacidad como el que no la tiene pueden desarrollar un aprendizaje compartido en un espacio diverso, plural y no segregado, señala Inés Araoz, responsable de Educación en la entidad nacional, añadiendo sobre este proyecto de Ley, que “estas medidas generan mayores oportunidades para alcanzar una vida independiente para el alumnado con discapacidad”.

Señalan que “el derecho a una educación inclusiva está recogido también en el objetivo 4º de Desarrollo Sostenible: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

El Gobierno, al desarrollar y extender la educación inclusiva, estaría cumpliendo con el compromiso asumido en 2008 cuando firmó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, explican desde la organización.

En este contexto, desde la entidad se insiste en que, en distintas ocasiones, han denunciado los déficits de equidad del sistema educativo español que deben ser revertidos en el conjunto de las comunidades autónomas. 

• A este respecto desde la Plataforma: “Educación inclusiva sí. Especial también”. Explican su posición ante el Proyecto de Ley. Ante la pregunta retórica ¿qué es integración? Mago More se responde, ¿esto es qué estén todos los niños juntos independientemente de su discapacidad? More indica que “es una aberración absoluta”. Explica que se plantea un Proyecto de Ley en el que no se indica cómo se gestionará el dinero y con qué presupuesto se cuenta. Desde la Plataforma se critica la medida del Ministerio al publicar que se dotarán con medios y recursos a los centros, pero en ningún lugar se explica o detalla el presupuesto para tal fin.

La Plataforma, defiende tanto la inclusión educativa como los centros de educación especial, afirma More. Se valora desde la Plataforma, con respecto a la disposición 4ª, que en un plazo de tiempo los centros de educación especial desaparecerán y por este motivo "reivindican la coexistencia de ambos itinerarios".

Desde la Plataforma solicitan un debate con la ministra para tratar este Proyecto de Ley y que entre otras cuestiones se pueda hablar sobre las necesidades emocionales de los menores.

• Desde Confederación ASPACE, Andrés Castelló, indica la visión de la organización a este respecto.

“Estamos expectantes, realmente lo que aparece en el Proyecto de Ley con respecto a educación especial, se reduce a la disposición adicional 4ª, y es muy ambigua”. El director indica que, por una parte, se informa en el Proyecto de Ley que no se cerrarán los centros de educación especial, “asunto que nos parece lógico”, porque en ningún lugar del mundo, el 100% del alumnado con necesidades especiales está en colegios de integración, “pretender otra cosa, sería una utopía” señala Castelló.

Ante esta ambigüedad, el director refleja el estado de opinión tan dispar entre la sociedad: “unos sectores creen que se trata de una muerte lenta de los centros de educación especial y otros creen que es poca inclusión”.

La información desde su inicio es “ambigua” señala Castelló. Los centros ordinarios necesitarán mayores recursos, medios, formación de profesionales… y los centros de educación especial, también necesitan refuerzo: la ratio está muy ajustada, apenas hay inversión pública para mejorar los centros (la gran mayoría concertados) y muchos organizados por el tercer sector.  “No nos parece justo que esa posible integración de personas con discapacidad, vaya en detrimento de los centros de educación especial y de los menores que no van a estar en centros ordinarios”, explica el director de ASPACE.

ASPACE viene ofreciendo su colaboración al Ministerio desde que se inició este Proyecto de Ley. Será necesario analizar la normativa que salga tras la Ley. “En este momento no tenemos información sobre en que estado esta dicha normativa”, explica Castelló. Cuando hay una tramitación como ésta, suele haber tiempo y espacio para el debate en el Parlamento, indica Castello, en clara referencia al estado de alarma y la imposibilidad de debatir de forma pública sobre esta cuestión.

Finalmente, desde CERMI, se ha solicitado una valoración al respecto y verbalmente, nos remiten a un documento del pasado año. En él se destaca entre otros aspectos, que:

• "La inclusión educativa es un recorrido, un horizonte al que necesariamente se tiene que tender, que debe ser transitado cooperativamente por toda la comunidad educativa. Todo construye y todo es valioso en este proceso, nada sobra en este esfuerzo colectivo que durará años y que requiere del concurso y muy especialmente del talento, la inteligencia, la voluntad y la creatividad de todos los operadores del sistema educativo". 
• "CERMI, el movimiento social de la discapacidad, abrumadoramente mayoritario, con décadas de trabajo a sus espaldas para lograr el reconocimiento y el ejercicio de derechos para todas las personas con discapacidad, históricamente discriminadas, siempre es constructivo. Los avances en discapacidad se producen sumando, no restando. Dialogando y contrastando, no enfrentando".
• "Nada ni nadie sobra en el ámbito educativo. CERMI no quiere cerrar nada, ni desmantelar ni liquidar ninguna estructura educativa que aporte o haya aportado valor a la educación de las personas con discapacidad". 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

En cuanto al colectivo y asunto que nos ocupa, el ODS 4 destaca que:

• 4.5 "Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional".

Sobre la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional de Derechos el 13 de diciembre de 2006. Meses más tarde comenzaba el ciclo de firmas por parte de los países que se acogían al texto, en concreto, el 30 de marzo de 2007.

En total, el documento ha sido firmado por 82 países, y en España el texto entraba en vigor en mayo de 2008. España ratificó la Convención Internacional de Derechos el texto el 3 de diciembre de 2007.

El Artículo 24 hace referencia a Educación y el punto 1º, expresa:

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida”. (…)