La política española apoya la educación inclusiva desde los primeros años de vida

El Consejo de Ministros aprobó este martes el reparto a las comunidades autónomas de 38 millones de euros dirigidos a la política de educación inclusiva. Los fondos irán destinados a alumnos de Educación Infantil y primeros cursos de Educación Primaria.

Así lo indicó la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que detalló que se trata de "fondos públicos para asegurar que todos los niños y niñas con estas necesidades especiales tienen el apoyo educativo que merecen".

Los fondos públicos irán destinados también a materia de educación inclusiva

Esta partida también se dirigirá "a las familias" para "ayudarlas a entender esa realidad en sus hijos y a desarrollar todas las actitudes y las capacidades que mejoren el desarrollo de sus hijos y de sus hijas, a garantizar la detección precoz de esas necesidades, el apoyo educativo y la atención temprana que requieren y la formación al profesorado" en línea con la educación inclusiva.

El plazo de ejecución de este programa de educación inclusiva, con cargo a los presupuestos de 2022, es desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto de 2023.

Los criterios de distribución incluyen el número de alumnos y alumnas de la etapa de Educación Infantil y de los dos primeros ciclos de Educación Primaria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos (ponderación del 90 %) y la dispersión de la población e insularidad (10%).

Así, Andalucía recibirá más de siete millones y medio, Cataluña 6,3 y Madrid 5,3 millones de euros para poder fomentar la educación inclusiva.

El Gobierno también ha aprobado dos Reales Decretos que actualizan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y por los que se crean 18 nuevas cualificaciones de ocho familias profesionales, y se suprime una.

España, destino atractivo para atraer el talento

La ministra también se hizo eco de la aprobación de un real decreto para "promover el talento" y que España sea un destino atractivo para ese talento, algo que según la portavoz, "resulta indispensable para el desarrollo económico y el nuevo modelo productivo en nuestro país", en línea con la educación inclusiva.

La norma busca, prosiguió, "homologar y convalidar enseñanzas universitarias con otros sistemas en el extranjero, dar agilidad a la administración, simplificar algunos trámites y mejorar las tecnologías digitales para la gestión de expedientes o las tecnologías administrativas para la captación del talento".

Ambas novedades políticas, aunque se refieren a cosas distintas, tanto el fomento de la educación inclusiva como la atracción de talento, quieren aportar una educación y un desarrollo futuro accesible y cero discriminatorio para todas las etapas educativas.