Madrid y País Vasco rechazan un acuerdo con Educación para el próximo curso

La ministra Isabel Celaá se ha reunido con los consejeros de Educación en la cuarta Conferencia Sectorial que celebran desde el decreto del estado de alarma. En el encuentro se ha abordado la vuelta a clase en septiembre y han quedado patentes las reticencias de algunas comunidades al plan anunciado esta semana por el Gobierno con pautas para evitar el contagio por coronavirus. 

Además de ese documento base con medidas sanitarias, Celaá ha presentado a los representantes autonómicos un acuerdo educativo con catorce puntos genéricos que ha sido suscrito por todas las regiones, a excepción de Madrid y País Vasco. El Ejecutivo madrileño considera que no resuelve "los graves problemas para el inicio de curso", mientras que desde Vitoria se esgrimen cuestiones competenciales.  

Madrid y País Vasco se desmarcan de estas medidas

Las comunidades presididas por Isabel Díaz – Ayuso (PP) y el dirigente nacionalista Íñigo Urkullu se desmarcan totalmente de llegar a un acuerdo en materia de Educación durante el próximo curso. El programa que ha presentado el Ministerio de Educación se trata de “el impulso de dos programas de cooperación territorial para equipamiento tecnológico y para refuerzo del alumnado más vulnerables”.

En esa rueda de prensa que se realizó hace dos días tras la reunión telemática de la Conferencia Sectorial con representantes de las comunidades autónomas, Isabel Celaá ha recordado la medida que adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo tras la conferencia con los presidentes autonómicos. La propuesta de Sánchez consistía en “destinar 2.000 millones de euros a las autonomías para educación”.

Celaá se excusó de que la distribución de ese fondo que no habrá que devolver a la Administración no corresponde a Educación, sino que “se está trabajando en los ministerios de Economía y Hacienda los criterios de distribución y la distribución final para cada comunidad".

¿Cuáles son los criterios para abrir los centros?

Celaá insistió en que esta y otras consideraciones sanitarias para la vuelta a las aulas responden a las recomendaciones sanitarias, y que sus criterios han cambiado porque lo han hecho las medidas de los expertos. “Vamos avanzando en lo que aportan los científicos y conocemos de la pandemia” y, lo último que se sabe, dijo que es que “cuanto menor es el niño menor es la capacidad de transmisión que este virus parece tener”.

La ministra de Educación ha recordado que las comunidades autónomas podrán hacer sus aportaciones para detallar las medidas para iniciar el curso 2020-21. El próximo curso tendrá una fuerte presencia la presencialidad de las clases “sin abandonar la digitalización” como adelantó la ministra.

Además la ministra ha declarado que “la educación no presencial ha generado brechas de desigualdad” y que durante el confinamiento “hemos perdido en términos de interacción y socialización” de los alumnos, que sin embargo han ganado en otras competencias.

¿En qué se basa el acuerdo de Educación?

• El curso comenzará y terminará en sus fechas habituales.
• Debe haber un mínimo de 175 jornadas lectivas.
• La presencialidad será “principio general” y que los centros “adaptarán en todas las etapas sus programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes no alcanzados”.

Los otros puntos de la propuesta del Gobierno pasan por cuestiones de riesgos laborales para medidas sanitarias, formación a docentes y personal para cumplir los requisitos sanitarios.

Castells recomienda a las universidades que repartan alumnos entre clases presenciales y online

Manuel Castells, el ministro de Universidades ha presentado el protocolo que se debe cumplir en los centros de educación superior durante el curso 2020-21. De él se desprende una de las medidas más polémicas: que sean las propias universidades quienes calculen los coeficientes de ocupación para saber cuántos alumnos podrán estar en clase y cuántos desde casa. Estas recomendaciones "deben servir simplemente como orientación para la comunidad universitaria para el desarrollo de su actividad en el período de la llamada nueva normalidad” tal y como advierte el Ministerio de Universidades.

Si el cálculo del coeficiente de ocupación real es superior al coeficiente de ocupación teórico, "la actividad no podrá desarrollarse de forma presencial en su totalidad y las universidades deberían tomar las medidas pertinentes para que se pueda llevar a cabo de forma online", puede leerse en el documento.

El ministerio de Universidades no está a favor de partir a la mitad las clases

El ministerio de Universidades, cuya titularidad recae en manos de Manuel Castells no recomienda partir las clases a la mitad dada la escasez de recursos que existe en el sistema universitario. Además según señala Castells esto “implicaría una sobrecarga insoportable para el cuerpo docente”.

Es una medida que choca con la propuesta de la ministra de Educación, Isabel Celaá. Celaá ha abogado por clases de un máximo de 20 alumnos, permitiendo que los alumnos menores de 10 años no lleven mascarilla ni guarden el 1,5 metros de distancia en su aula.