¿Estuvo garantizado el derecho a la educación durante la pandemia?

El Gobierno y las comunidades autónomas han invertido durante el pasado curso 2020-2021 3.559 millones de euros en educación para adaptar al sector a la situación generada tras la pandemia, casi un 8 % adicional con relación al curso anterior.

Se garantizó la presencialidad pero se descuidó el bienestar

La citada inversión adicional garantizó una “presencialidad segura”, pero “descuidó” otros derechos de la infancia como el derecho al descanso, que resultó alterado en el caso de uno de cada dos niños, según el informe final de curso del proyecto Cole Seguro ‘Un curso escolar atravesado por la pandemia: análisis de la inversión en educación para la adaptación al contexto Covid-19’.

El informe, elaborado por la Plataforma de Infancia y Political Watch, ha sido presentado por el director de Political Watch, Javier Pérez, y la especialista en Educación de la Plataforma de Infancia, María Rodríguez.

Pérez ha explicado que los investigadores han “mapeado” los gastos que las comunidades autónomas han hecho para dar respuesta a las necesidades “extraordinarias que la pandemia han hecho surgir en el sector de la educación” y han realizado un diagnóstico de la ejecución de estos fondos por parte de las regiones, para lo cual analizaron en torno a 18.000 contratos, convenios y subvenciones públicas, hicieron seguimiento a 65 plataformas públicas de acceso a información y a más de 50 comparecencias parlamentarias, entre otras fuentes.

Adaptación de la educación a los protocolos de lucha contra la Covid-19

En la misma línea, ha señalado que la inversión extraordinaria se destinó “prioritariamente” a la adaptación de la educación a los protocolos de lucha contra la Covid-19, con un 72,2 % del total de la inversión extraordinaria y 206 euros de media por alumno, mientras que un 16,1 % de la misma se dedicó a educación (45,9 euros por alumno) y un 11,6 %, a garantizar la equidad educativa (33 euros por alumno). 

A este respecto, Rodríguez ha puntualizado que la planificación durante este curso “no ha priorizado de forma suficiente el bienestar de la infancia y el cumplimiento integral de sus derechos”. “En particular, su derecho al descanso y al esparcimiento se han visto muy limitados por las medidas sanitarias, afectando directamente a sus relaciones sociales”.

“No hemos encontrado ninguna evidencia de ejecución presupuestaria relativa a programas de atención psicológica desde los centros educativos durante el curso 2020/2021”, ha lamentado, para, a continuación, destacar que la planificación del próximo curso escolar debe contemplar partidas “específicas” en torno a este área, además de “restablecer los tiempos y espacios de descanso” para los alumnos en los centros escolares, que juzgó “fundamentales para promover su socialización”.

Desarrollo de la educación digital

Asimismo, el informe también hace referencia al desarrollo de la educación digital y advierte de “grandes avances” en este sentido, apoyados por una inversión de 528 millones de euros. 

El informe se ha completado con una encuesta demoscópica a una muestra representativa de familias españolas para conocer su percepción en relación con las medidas adoptadas por las autoridades educativas así como sobre el impacto que las medidas tenían en los niños a través de un sondeo con 2.300 respuestas recogidas entre el 22 y el 28 de junio y que revelan una percepción de “escaso aprovechamiento educativo” durante este curso 2020/2021.

Además, tres de cada cuatro manifiesta que en sus centros escolares se han seguido respetando las medidas Covid-19 impuestas por las autoridades sanitarias hasta el final del curso y hasta un 87 % opina que se están tomando medidas en los centros para atender la equidad educativa durante la pandemia, aunque siguen sin ser “suficientes”.

Que todos los niños puedan continuar con su educación

Por su parte, las familias con rentas más bajas consideran en una mayor proporción que no se han adoptado medidas para garantizar que todos los niños puedan continuar con su educación (15 % frente al 8 % de familias con las rentas más altas).

Con respecto al cuidado del bienestar de los menores, en el 3 % de los centros educativos durante este curso no se pudo salir al patio durante la hora del recreo; un 5 % de los niños no pudieron utilizar el espacio de juego en el patio escolar y para un 35 % no fue posible relacionarse con personas más allá de sus ‘grupos burbuja’. En este sentido, el 82 % de familias cree que las medidas que se han tomado pueden “impactar negativamente” en la salud mental y el bienestar emocional de los niños. 

En cuanto a la educación digital, el porcentaje de las que consideran que ha sido buena o excelente ha aumentado del 39 al 56 % a lo largo del curso, si bien aún queda “camino por recorrer” en el desarrollo de programas de formación para la adquisición de competencias digitales, especialmente para garantizar la inclusión digital de los colectivos más vulnerables.