El uso indebido de la conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina

La Ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020, garantiza el derecho al aborto en Argentina, pero también reconoce el derecho de los profesionales de salud a objetar por convicciones personales. Sin embargo, deben informar a las pacientes, derivarlas de buena fe y practicar el aborto si hay riesgo para la salud. Solo quienes participen directamente en el procedimiento pueden objetar, excluyendo a quienes realicen tareas como ecografías o toma de signos vitales.

Argentina y la sanción en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

En diciembre de 2020, Argentina sancionó la Ley 27.610, que otorga el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto.

Esta ley reconoce dos derechos fundamentales: por un lado, el derecho de las personas gestantes a interrumpir un embarazo no deseado; y por otro, el derecho de los profesionales de la salud a ejercer la objeción de conciencia si consideran que realizar un aborto entra en conflicto con sus convicciones personales.

No obstante, la ley también establece obligaciones para quienes ejercen la objeción. Los profesionales deben informar a las usuarias sobre su derecho al aborto, derivarlas de manera inmediata a otro profesional si no pueden realizar el procedimiento y, en casos de urgencia, realizar el aborto si la vida o salud de la persona gestante está en peligro. Además, la atención postaborto nunca puede ser negada.

La ley destaca quién puede ejercer la objeción de conciencia: únicamente aquellos que estén directamente involucrados en la práctica del aborto, excluyendo a quienes realicen tareas auxiliares como ecografías, toma de signos vitales o administración de medicamentos.

Además, una persona no puede declararse objetora en un centro de salud y no en otro, lo que garantiza que la objeción no se convierta en un obstáculo para el acceso al aborto.

Asegurar un aborto legal y seguro

El propósito de la ley es asegurar el acceso al aborto legal y seguro, tanto en el caso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite el aborto hasta la semana 14 de gestación, como en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que permite el aborto en cualquier momento en casos de violación o cuando la salud o vida de la persona gestante está en riesgo.

Sin embargo, el uso indebido de la objeción de conciencia puede complicar el acceso a estos derechos, forzando a las personas gestantes a recurrir a prácticas clandestinas, enfrentarse a largas derivaciones o, en el peor de los casos, continuar con un embarazo no deseado en condiciones de vulnerabilidad.

Un análisis sobre actores involucrados en los desafíos de conciencia

Para comprender cómo el mal uso de la objeción de conciencia (OC) puede obstaculizar el acceso al aborto en Argentina, organizaciones como ELA, CEDES y REDAAS llevaron a cabo un análisis de casos de objeción de conciencia entre enero de 2021 y diciembre de 2023.

El estudio incluyó eventos y entrevistas con diversos actores clave en el ámbito de la salud, el activismo y la toma de decisiones políticas.

Además, este análisis documental se complementó con entrevistas a tomadores de decisiones de diversas provincias, activistas, directores de servicios de salud y profesionales médicos.

Estas entrevistas proporcionaron una visión más amplia sobre las prácticas y desafíos relacionados con la objeción de conciencia en el contexto del aborto, enriqueciendo los hallazgos obtenidos del relevamiento documental sobre el embarazo.