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Las jóvenes a partir de los 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres, las reglas dolorosas y el aborto tendrán bajas laborales de tres días ampliables a cinco, habrá un permiso preparto remunerado desde la semana 36 y los centros educativos tendrán que ofrecer, de forma gratuita, los productos necesarios para la menstruación.
Estas son algunas de las cuestiones del borrador de la ley para la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo que ya se ha publicado en el BOE.
Por tanto, a partir de hoy, jueves 2 de marzo, las jóvenes de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación sin permiso paterno y los españoles de más de 16 años podrán cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil sin ningún requisito, más que el deseo expreso del solicitante.
La ley del aborto elimina la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica. El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.
Puntos clave de la nueva ley del aborto
Aborto sin necesidad de consentimiento paterno
Entre las principales medidas de esta nueva ley del aborto está la polémica permisión de que las menores de edad, a partir de los 16 años, puedan interrumpir el embarazo sin necesidad de tener el consentimiento paterno.
Garantizar el acceso al aborto
Otro de los principales objetivos del Ministerio de Igualdad es garantizar el acceso al aborto en todo el territorio español, ya que actualmente no se practica en todos los centros y en muchas ocasiones, las mujeres tienen que desplazarse a otras localidades para poder interrumpir el embarazo.
De esta manera, se tendrá en cuenta la cercanía de los centros al domicilio de las mujeres que deseen abortar.
Final de los días de reflexión
Por otro lado, también se terminará con los tres días obligatorios de reflexión que hasta ahora eran obligatorios antes de la irrupción del embarazo. Además, las mujeres podrán acogerse a una baja incapacitante por el aborto y se crearán servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializado.
Píldora del día después gratuita
Las píldoras del día después, que actualmente se venden en las farmacias por unos 20 euros, se empezarán a repartir gratuitamente en los centros de salud y los de salud sexual y reproductiva.
Anticonceptivos gratuitos en los centros educativos y penitenciarios
Asimismo, en los centros educativos vinculados a campañas sobre educación sexual, incluidos CSS y centros penitenciarios se repartirán gratuitamente métodos anticonceptivos. Además, la Seguridad Social cubrirá el coste de las píldoras anticonceptivas de última generación.
Y habrá crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva, que dispondrá de una línea de atención telefónica
Objeción de conciencia garantizada
Dicha ley también protegerá a los sanitarios que no quieran realizar un aborto. Es decir, garantiza el derecho a la objeción de conciencia, regulada del mismo modo que en la Ley de Eutanasia. Se aplicará tanto en la sanidad tanto pública como privada.
Buenas prácticas en el embarazo
También se busca fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, focalizando la atención en el parto y postparto, en la que la baja será desde la semana 39 de gestación sin necesidad de consumir ningún día del permiso de maternidad.
Baja laboral por dolores menstruales
La ley de Montero también contempla la posibilidad de que las mujeres se acojan a una baja laboral por dolores menstruales.
Productos menstruales gratuitos
Los tampones, compresas o copas menstruales se ofrecerán de manera gratuita en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos y centros sociales.
La Ley Trans
Desde este jueves los españoles de más de 16 años podrán cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil sin ningún requisito. Desde Justicia han asegurado que el Registro Civil está preparado para llevar a cabo este cambio de legislación, ya que estas medidas ya se aplican de forma similar en 15 autonomías que tienen su propia Ley trans. Aún así, se ha producido una reunión con el departamento que dirige Irene Montero ya que la norma explicita que los funcionarios deberán informar a los solicitantes del cambio registral sobre este proceso, así como el de reversión, entre otras cuestiones. Justicia ha explicado que se encuentran a la espera de que se les facilite la nueva información que han de dar a los solicitantes.
Desde las asociaciones Trans creen que ahora empieza el trabajo de desarrollo y puesta en marcha de la ley. La entrada en vigor de esta norma también permite cambiar su nombre y su sexo a los menores de entre 14 a 16 años, aunque en su caso deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores para su solicitud. En el caso de que un menor no cuente con el consentimiento de estos, se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto.
Además, los niños de 12 a 14 años pueden modificar el género siempre y cuando el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez; mientras que los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica. Por el contrario, la ley permite que en seis meses una persona trans puede solicitar volver a su sexo original de la misma manera que lo pidió. En el caso de que quisiera modificarlo por tercera vez, entonces tendría que pasar por un juez, quien dirimiría si hay visos de un fraude de ley.
Pero estas no son las únicas medidas que entrarán en vigor, la ley también incluye medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBI, como la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin que estas deban estar casadas. Además, las mujeres solteras, lesbianas y bisexuales tendrán acceso a la reproducción asistida y se pondrán en marcha medidas de formación en diversidad para asistentes de personas mayores o medidas en relación a la educación y contra la discriminación del colectivo (laboral, social, ocio).
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