La ONU demanda en el Parlamento Europeo tipificar la esterilización forzada de mujeres con discapacidad

Ana Peláez, presidenta del Comité para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, denunció en el Parlamento Europeo la esterilización forzada que sufren mujeres y niñas con discapacidad en algunos países miembros. Ella instó a que esta práctica sea tipificada como un delito en la Directiva de Violencia Doméstica y contra la Mujer, conforme al Convenio de Estambul.

Las mujeres y niñas con discapacidad siguen sufriendo en algunas ocasiones como medida de protección ante agresiones sexuales, embarazos no deseados o violaciones

Durante su intervención, Peláez enfatizó la importancia de prevenir, proteger y recuperar a las víctimas de la esterilización forzada. Asimismo, destacó la necesidad de incluir a estas mujeres en el desarrollo de políticas y legislaciones más allá de la esfera de la violencia. También subrayó la urgencia de establecer un contrato social entre la Unión Europea, sus estados miembros y las mujeres y niñas con discapacidad, con el propósito de restaurar su confianza en las instituciones.

Peláez reveló la difícil situación en la que se encuentran estas mujeres, señalando la falta de datos desagregados y su situación alarmante en materia de violencia, acceso a la educación y atención médica.

Además, hizo un llamado para que el año 2024 sea designado como el Año Europeo de las Mujeres con Discapacidad, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre sus derechos y brindarles oportunidades para avanzar en un contexto en el que enfrentan obstáculos debido a su género y discapacidad.

“Debe garantizarse la rendición de cuentas de la Unión Europea y sus estados miembros porque, hoy por hoy, la esterilización forzada contra las mujeres y niñas con discapacidad sigue produciéndose sin que nadie lo denuncie”, concluyó.

Un 32,7 % de mujeres españolas con discapacidad han sufrido violencia física o sexual en la pareja; y que el 48,5 % la han sufrido de carácter psicológico; al tiempo que denunció que el 33 % han sufrido una agresión de carácter físico o psicológico por parte de un miembro de su unidad familiar, según la ‘Macroencuesta de Violencia contra la Mujer’ del año 2019. “Esto significa que una de cada tres mujeres con discapacidad en España no vive en un lugar seguro”, ha lamentado.

La esterilización forzada de mujeres con discapacidad es una práctica perjudicial y violatoria de los derechos humanos que ocurre en diferentes partes del mundo

Esta práctica implica someter a mujeres y niñas con discapacidad a procedimientos de esterilización sin su consentimiento o bajo presión indebida, con la intención de evitar embarazos no deseados o por motivos de control social.

Las mujeres con discapacidad son particularmente vulnerables a esta forma de abuso, ya que pueden enfrentar discriminación, falta de acceso a información sobre salud reproductiva y serias violaciones a su autonomía y dignidad. La esterilización forzada limita su capacidad de tomar decisiones reproductivas y puede tener un impacto psicológico y físico devastador.

En muchos casos, estas prácticas están respaldadas por estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad sobre la capacidad de las personas con discapacidad para ser padres o madres. Es fundamental reconocer y condenar esta violación de los derechos humanos, y trabajar para proteger la autonomía y dignidad de todas las personas, independientemente de su condición física o mental.