El Senado aprueba tramitar la ley que acabará con las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad

El Pleno de la Cámara Alta debate la toma en consideración de una proposición de ley, para ilegalizar las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad. Su capacidad legal ha sido modificada y contará con prácticamente el respaldo de todos los grupos.

La iniciativa fue impulsada por el Cermi

Así lo confirmaron a Servimedia responsables del grupo popular, socialista, Izquierda Confederal (Más Madrid, Adelante Andalucía, En Comú Podem, Compromís, Geroa Bai y Més per Mallorca), Esquerra republicana-EH Bildu, el Nacionalista (Junts per Catalunya, Coalición canaria/Partido Nacionalista Canario) y el vasco (EAG-PNV) en el Senado.

Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Fundación Cermi Mujeres, la iniciativa parlamentaria busca reformar el Código Penal para eliminar el párrafo concreto que despenaliza las esterilizaciones no consentidas en el caso de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

En la exposición de motivos, el senador de Ciudadanos, Tomás Marcos, declara que la “esterilización forzada es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera", y expone datos concretos para justificarlo.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres. El Cermi estima que en 2016 hubo 140 casos y que se dieron 865 casos más entre los años 2005 y 2013.

Operan sin su permiso a mujeres con discapacidad para que no puedan ser madres

La esterilización forzosa es una intervención médica que limita de forma permanente la capacidad de reproducción de las personas, en su mayoría con una discapacidad psicosocial o intelectual, sin su conocimiento o autorización a instancias normalmente de las familias y tras un proceso de incapacitación judicial que les otorga la tutela legal de la persona en cuestión.

La esterilización, que se produce en mucho mayor grado entre niñas y mujeres, está regulada a través del artículo 156 del Código Penal, que prevé la posibilidad en el caso de personas "que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento" y lo circunscribe a "supuestos excepcionales en los que se produzca un grave conflicto de bienes jurídicos protegidos".

Esta vulneración de derechos humanos entra en conflicto con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que España ratificó en el año 2008. En su artículo 23, el tratado recoge los derechos que tienen las personas con discapacidad y, entre ellos, dice que no debe haber discriminación para formar una familia, contraer matrimonio, o la posibilidad de elegir de manera libre si quieren tener hijos.

La esterilización constituye un delito, según la definición del Consejo de Europa sobre prevención contra la violencia contra las mujeres y doméstica

Se trata de intervenciones quirúrgicas que tienen como resultado poner fin a la capacidad de la mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado.

Esta práctica se enmascara de sobreprotección o cuidado hacia la mujer incapacitada y esterilizada, pero lo que realmente oculta son las conductas de quienes siguen usando el cuerpo de las mujeres, en algunos casos incluso llegando a la violación.

Se presupone que las mujeres con discapacidad no encajan en los modelos de maternidad establecidos por la sociedad. Se cree que no puedan ser buenas madres y además representan un modelo que no quiere que sea reproducido en la sociedad, ya que existe también esa idea falsa de que la "discapacidad" se multiplica.