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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron ayer jueves a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por orden de la Fiscalía Europea (EPPO). La intervención policial busca recabar diversa documentación dentro de una investigación abierta por un presunto delito de fraude con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras antimaltrato para proteger a mujeres víctimas de violencia de género en todo el territorio nacional.
Según ha comunicado el organismo comunitario a través de sus canales oficiales, estos dispositivos electrónicos tienen como finalidad garantizar el cumplimiento efectivo tanto de las medidas cautelares de alejamiento como de las sentencias condenatorias dictadas por los juzgados en procedimientos de violencia machista. Las pesquisas judiciales comenzaron el año pasado y, tras desarrollar un exhaustivo proceso de verificación preliminar sobre todos los expedientes administrativos y contables, la Fiscalía decidió abrir diligencias formales centradas en el contrato de compra ejecutado por el departamento que dirige actualmente la ministra Ana Redondo.
Contratos bajo sospecha y graves fallos en las pulseras antimaltrato
La personación de los investigadores de la UCO en el Tribunal de Cuentas guarda relación directa con el contundente informe emitido por este órgano fiscalizador el pasado mes de septiembre. En dicha auditoría externa, la institución detectó "graves deficiencias" en el funcionamiento técnico y administrativo del sistema de pulseras antimaltrato gestionado por Igualdad, tras examinar al detalle los contratos públicos ejecutados durante los ejercicios 2018, 2021 y 2023, cuyo importe económico acumulado asciende a 102,6 millones de euros.
La controversia pública en torno a los sistemas telemáticos destinados a proteger a las víctimas de violencia de género estalló con fuerza en septiembre de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado denunció en su memoria anual que se estaban produciendo "una gran cantidad" de absoluciones de maltratadores en los tribunales españoles debido a "múltiples fallos" técnicos registrados en el control telemático de los agresores, generando una profunda alarma social e institucional.
Durante la etapa de Irene Montero al frente del ministerio, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género adjudicó el servicio integral a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Vodafone y Securitas Seguridad. Esta concesión se otorgó bajo la condición expresa de elaborar un plan operativo para trasvasar de forma segura la información de los usuarios de una compañía a otra, pese a que los propios técnicos ministeriales calificaron aquel proyecto como "deficiente" y "poco preciso". Aunque Vodafone fue sancionada económicamente por las graves incidencias del contrato anterior, el departamento volvió a adjudicarle la gestión de las pulseras antimaltrato el pasado mes de mayo.
La vigilancia de Bruselas y los hitos del plan de recuperación
La actuación judicial de la Fiscalía Europea —órgano independiente de la Unión responsable de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que atenten contra los intereses financieros comunitarios— coincide plenamente con las advertencias lanzadas previamente por la Comisión Europea. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo de Bruselas ya avisó de que examinaría a fondo las anomalías detectadas en las pulseras antimaltrato, puesto que su adecuado rendimiento técnico está directamente vinculado al cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por España ante las instituciones europeas.
En este sentido, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió formalmente de que la compra de estos equipos telemáticos se encuentra integrada dentro del hito 472 del Plan de Recuperación. Por consiguiente, las autoridades comunitarias evaluarán rigurosamente su grado de cumplimiento real en el momento exacto en que el Gobierno español presente la solicitud formal correspondiente al octavo pago de los fondos europeos de recuperación.
Defensa de Ana Redondo y ofensiva política del Partido Popular
Ante el despliegue policial vivido ayer jueves en su sede ministerial, la titular de Igualdad, Ana Redondo, defendió una "transparencia absoluta" sobre las diligencias comunitarias y aseguró tajantemente que le "consta" que los recursos públicos se han empleado "correctamente". Durante la rueda de prensa convocada en el ministerio para presentar la campaña institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra restó novedad al registro al señalar que se trata de una causa abierta desde hace meses en paralelo en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Europea, en la que su departamento mantiene una "colaboración absoluta" facilitando toda la documentación requerida sobre las pulseras antimaltrato.
En el plano político, el Partido Popular cargó con extrema dureza contra el Ejecutivo central, asegurando que "han corrompido todo", desde la seguridad de los trenes hasta la protección efectiva de las mujeres maltratadas. Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo afirmaron que el Gobierno "de las lecciones de feminismo" queda ahora bajo sospecha por haberse lucrado presuntamente a costa de las víctimas de violencia machista, subrayando que es precisamente la Fiscalía Europea quien entra en Igualdad para investigar a fondo la supuesta corrupción vinculada a las pulseras antimaltrato.
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