España se juega los fondos europeos con las reformas fiscal y de pensiones

Desde que la Comisión Europea aprobase el mega fondo de 750.000 millones de euros para que los estados miembro superasen la pandemia haciéndose a la vez más resilientes frente a futuras crisis, las dudas en torno a los proyectos y el reparto de esos desembolsos han sido constantes.

Desde el comienzo del plan de los fondos europeos Next Generation, todas las autoridades tenían claro que no se podían permitir errores del pasado en los que el fraude o la corrupción han sido protagonistas. Por eso, Bruselas había exigido un férreo control de a quién y cómo iba dirigido cada céntimo desembolsado.

España se juega este año 17.000 millones de euros en ayudas directas de los fondos europeos

 O lo que es lo mismo, un 25 % de todas las transferencias previstas hasta 2026.

17.000 millones de los fondos europeos que se repartirán en dos desembolsos vinculados a dos medidas clave: la segunda parte de la reforma de las pensiones, que Gobierno y sindicatos todavía no han cerrado; y la reforma fiscal, que el Ejecutivo da por cumplida, pero que está por ver su encaje con lo acordado con Bruselas.

La reforma de las pensiones

Este compromiso se recoge en cuatro de los 58 hitos que la Comisión Europea evaluará en el primer desembolso del año. De que estos lleguen a buen puerto dependen 10.000 millones de euros.

Tras una primera parte que garantizó el poder adquisitivo de los pensionistas, en la segunda pata de la reforma el Gobierno deberá adoptar medidas para garantizar que las pensiones son sostenibles a futuro. 

Ante la falta de acuerdo, Gobierno y sindicatos han prolongado la negociación a este año, aunque todavía no hay fecha para la próxima reunión. En todo caso, fuentes sindicales trasladan que está habiendo contactos informales, aunque no hay nuevas propuestas oficiales sobre la mesa.

La reforma fiscal

El segundo desembolso de los fondos europeos previsto para este año, dotado con 7.000 millones de euros, está vinculado a otra de las grandes medidas del plan de recuperación, la reforma fiscal.

Cuando España remitió su hoja de ruta de reformas a la Comisión a finales de 2020, el Gobierno se comprometió a revisar el sistema de beneficios fiscales y a desarrollar las recomendaciones del comité de sabios para reformar el sistema tributario.

Sin embargo, el veredicto de los expertos nació ya como papel mojado. Pocos días antes de que los sabios publicaran sus conclusiones, Rusia invadía Ucrania trastocando por completo la política fiscal europea. En julio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó la posibilidad de una reforma fiscal completa para priorizar otras medidas de apoyo a la economía. Pero en octubre, el Ejecutivo presentó los presupuestos junto a un paquete fiscal que incluía tres nuevos impuestos especiales (banca, energéticas y grandes fortunas) y Montero dio por cumplido así el pacto con Bruselas. "Creemos que la Comisión no nos va a poner problema", zanjó entonces el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

El reglamento no deja claro qué porcentaje de los fondos europeos se podría congelar por el incumplimiento de una reforma concreta, algo que hasta ahora no ha ocurrido en ningún país.