Medio Ambiente en Galicia estudia tres permisos para realizar esperas al lobo

La polémica sobre la gestión del lobo en Galicia vuelve a tomar fuerza tras la aprobación en el Parlamento Europeo de una reducción en la protección del animal y el anuncio de la Consellería de Medio Ambiente sobre la tramitación de tres solicitudes para realizar esperas en zonas afectadas por ataques a la ganadería. Mientras tanto, las organizaciones ecologistas intensifican su lucha legal para impedir que se reactive la caza del cánido en la comunidad.

El debate sobre la gestión del lobo en Galicia no cesa

Quienes creyeron que la controversia sobre cómo manejar la población de lobos había terminado tras la salida del cánido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) estaban equivocados. La disputa entre las comunidades autónomas, el Gobierno central y las asociaciones ecologistas sigue activa y en diferentes frentes.

Mientras el Parlamento Europeo aprobaba la reducción de la protección al lobo, la Consellería de Medio Ambiente de Galicia anunció que está analizando tres solicitudes para autorizar esperas en zonas donde el impacto del lobo en la ganadería es significativo.

Por otro lado, la Plataforma para la Defensa da Cordillera Cantábrica ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la resolución que fija los periodos de caza del lobo en la comunidad.

Tres solicitudes para controlar al lobo

Desde que a principios de mayo la Consellería de Medio Ambiente reactivó el plan de gestión del lobo, incluyendo la posibilidad de realizar batidas y esperas para controlar a los ejemplares que generan daños, han recibido ya tres solicitudes para llevar a cabo estas medidas. Las tres corresponden a municipios de la provincia de A Coruña, donde los ataques a la ganadería han sido especialmente graves.

Dos de estas peticiones, presentadas por sociedades de caza de Cedeira, están en trámite activo. Buscan obtener permiso para realizar esperas que permitan reducir la población de lobos que afecta al ganado local. La tercera solicitud procede de un municipio cercano a Santiago de Compostela y aún está en fase de estudio.

El plan de gestión del lobo, aprobado en Galicia en 2009, divide la comunidad en tres zonas según la densidad de lobos y la frecuencia de ataques registrados. En la zona uno, con mayor presencia del animal, la administración puede planificar controles poblacionales. En la zona dos, los afectados pueden solicitar medidas puntuales para controlar los daños. Y en la zona tres, los controles solo se autorizan en circunstancias excepcionales.

Aunque entre 2006 y 2020 se autorizaron 95 acciones para cazar lobos, solo 17 ejemplares fueron abatidos. Desde 2013 no se ha autorizado oficialmente la muerte de ningún lobo, pese a que entre 2016 y 2020 se permitieron 19 batidas y esperas.

Rebaja de protección aprobada en Europa

El Parlamento Europeo votó recientemente para aprobar la propuesta de la Comisión Europea de reducir la protección legal del lobo. La medida fue apoyada por 371 eurodiputados, con 162 en contra y 37 abstenciones. La revisión entrará en vigor tras la aprobación del Consejo de la Unión Europea.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, calificó esta decisión como “el segundo paso” para flexibilizar la gestión del lobo, tras la exclusión del animal del Lespre. Vázquez señaló que, aunque el lobo sigue protegido, ya no cuenta con la máxima protección y que ahora las comunidades podrán gestionar la especie de forma más adecuada a sus circunstancias.

Ecologistas recurren y exigen suspensión de la caza

Por su parte, las organizaciones ecologistas continúan su batalla legal. La Plataforma para la Defensa da Cordillera Cantábrica ha presentado un recurso en el TSXG contra la resolución que regula las épocas de caza del lobo en Galicia y ha solicitado la suspensión cautelar de cualquier acción de caza en la región.

Esta plataforma, que coordina el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, cuenta con el respaldo de múltiples asociaciones nacionales y portuguesas. Para financiar sus acciones legales, han lanzado una campaña de crowdfunding.

Además, anuncia que continuarán presentando recursos judiciales contra cualquier orden autonómica que permita la caza del cánido, medida que ya han empezado a aplicar Cantabria, Asturias y Galicia, con resultados controvertidos.