Gobernar no es acumular leyes: las claves del Estado que aprende a funcionar

Un Estado que reconoce derechos pero no los hace efectivos a la hora de gobernar falla en su función más elemental. No se trata de un debate ideológico, sino de un problema de capacidad. La ineficiencia pública no es neutra: afecta más a quienes tienen menos recursos, menos tiempo y menos redes para insistir

Durante los últimos días, en Santo Domingo y en Santiago, instituciones públicas, autoridades locales, universidades y expertos internacionales nos sentamos a dialogar sobre algo que suele mencionarse poco y decidirse tarde: cómo lograr que el Estado funcione mejor para la gente.

Junto a la experiencia de la e-Governance Academy de Estonia, no hablamos de modelos importados ni de soluciones mágicas, sino de un desafío común: convertir la capacidad estatal, la coordinación institucional y el uso responsable de la tecnología en herramientas reales para garantizar los derechos, generar confianza y fortalecer la democracia.

El artículo publicado por El Español / Enclave ODS da en el clavo de una de las grandes asignaturas pendientes de las democracias contemporáneas: la necesidad de gobernar transitando desde un modelo de Estado puramente regulador y jerárquico a uno verdaderamente inteligente, ágil y capaz de aprender.

La premisa de este cambio de rumbo subvierte la vieja máxima absolutista y burocrática del ejercicio del poder. Históricamente, se ha evaluado el éxito de un gobierno por su capacidad para emitir decretos, aprobar normativas y expandir su estructura organizativa. Sin embargo, la complejidad de los desafíos actuales (desde la transición ecológica hasta la digitalización acelerada) demuestra que un Estado que solo sabe gobernar o "mandar" acaba por colapsar bajo su propio peso.

La falacia de la hiperregulación frente a la simplificación

El exceso de celo normativo a menudo paraliza la propia acción del Estado. Cuando cada procedimiento administrativo se convierte en un laberinto de requisitos, autorizaciones y plazos eternos, se desprotege al ciudadano y se frena la innovación.

Un Estado que aprende es aquel capaz de simplificar sus propios procesos, aplicando el principio de proporcionalidad y entendiendo que la calidad de una ley no se mide por su número de páginas, sino por su capacidad real para resolver un problema de forma transparente.

Dos filosofías de gestión contrapuestas

Para entender hacia dónde debemos caminar si hablamos de gobernar un país, es necesario contrastar el modelo tradicional con el modelo inteligente:

• El enfoque del objetivo: Mientras el Estado tradicional busca el cumplimiento estricto de la norma formal, el Estado moderno se orienta a la consecución de resultados y al impacto social real de sus acciones.
• La producción legislativa: El modelo antiguo tiende a la hiperregulación y a la creación constante de nuevas leyes; el modelo que aprende prioriza la simplificación y la evaluación constante de las normas ya existentes.
• La relación con el ciudadano: Se pasa de una comunicación unidireccional, paternalista y burocrática a una relación bidireccional, basada en la transparencia y la co-creación de soluciones.
• La gestión del error: En lugar de penalizar el riesgo y perpetuar la inercia del "siempre se ha hecho así", el Estado del futuro tolera el fallo controlado como una herramienta necesaria para la innovación.

Co-creación y escucha activa

Sabe mucho mejor la democracia cuando el diseño de las políticas no se realiza exclusivamente a puerta cerrada en los ministerios. Gobernar en el siglo XXI exige un modelo de gobernanza abierta, donde la sociedad civil, las empresas, la comunidad científica y los ciudadanos participen de manera activa en la búsqueda de soluciones. El Estado no posee el monopolio del conocimiento; su función principal debe ser la de un catalizador que coordina el talento colectivo de todo el país.

La madurez de un Estado no se demuestra ampliando el grosor de su boletín oficial, sino entrenando su capacidad para escuchar, medir sus resultados y rectificar a tiempo.