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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley destinado a incrementar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La medida supone una reforma de carácter estructural que incrementará las cantidades que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido, con el objetivo de reforzar la red pública de cuidados y mejorar la atención a los beneficiarios.
Al tratarse de un real decreto ley, la iniciativa deberá ser sometida a la convalidación del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Más recursos para este año y el próximo
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que la reforma movilizará más de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para financiar el sistema de dependencia. Además, ha destacado que no se trata de un incremento puntual, sino de una financiación estable que seguirá creciendo en los próximos ejercicios presupuestarios.
Según el titular de Derechos Sociales, esta inversión permitirá consolidar un modelo de atención con mayores recursos económicos, garantizando una mayor calidad en los servicios y fortaleciendo un derecho que considera esencial para la ciudadanía.
Entre los principales objetivos de esta ampliación presupuestaria figura la reducción de las listas de espera en el sistema. De acuerdo con los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, durante el pasado mes de mayo había 265.503 personas pendientes de recibir una prestación o servicio pese a tener reconocido su derecho.
Bustinduy ha señalado que el aumento de la financiación permitirá ofrecer "más y mejores cuidados", además de contribuir a mejorar las condiciones laborales y profesionales de las personas encargadas de prestar estos servicios, un aspecto que el Ministerio considera fundamental para garantizar una atención de calidad.
Aumentan las aportaciones según el grado de dependencia
El nuevo sistema de financiación comenzará a aplicarse el próximo 1 de julio y beneficiará a los cerca de 1,6 millones de personas que actualmente reciben prestaciones dentro de la Ley de Dependencia.
Las cuantías que abonará el Estado a las comunidades autónomas experimentarán un incremento diferente según el grado reconocido.
En el caso del grado I, moderada, la financiación pasará de los actuales 76 euros mensuales a 90 euros por beneficiario, lo que representa un incremento del 18,4 %.
Para las personas con grado II, severa, la aportación estatal se duplicará. De este modo, las comunidades recibirán 260 euros mensuales por cada beneficiario, frente a la cantidad que percibían hasta ahora.
El mayor incremento se producirá en el grado III, destinado a personas con gran dependencia y que requieren una atención más intensa. En estos casos, la financiación ascenderá a 660 euros mensuales por beneficiario, frente a los 290 euros actuales, lo que supone un aumento del 128 %.
Una de las mayores inversiones sociales de los últimos años
El ministro ha defendido que esta reforma permitirá sentar las bases de un nuevo modelo de cuidados con financiación suficiente para garantizar un servicio público de calidad. En su valoración, se trata de la mayor inversión social impulsada tanto durante la presente legislatura como en la anterior, además de representar una de las ampliaciones más importantes de la protección social en España en las últimas décadas.
Bustinduy considera que el incremento de recursos permitirá responder con mayor eficacia al crecimiento de la demanda derivada del envejecimiento de la población y de las necesidades de atención de las personas en dicha situación.
La aprobación del real decreto ley llega mientras el Congreso tramita el proyecto de ley destinado a reformar la normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad y de quienes se encuentran en situación de dependencia.
Desde el Gobierno sostienen que ambas iniciativas son complementarias y persiguen modernizar el sistema de atención, adaptándolo a las nuevas necesidades sociales y reforzando la protección de los colectivos más vulnerables.
Cumplimiento del acuerdo entre PSOE y Sumar
El Ejecutivo también enmarca esta decisión dentro de los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura suscrito entre PSOE y Sumar. Según ha recordado Pablo Bustinduy, el incremento de la financiación permitirá avanzar hacia el objetivo de que la Administración General del Estado asuma el 50 % del coste del sistema de dependencia, tal y como recoge el pacto de Gobierno.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende consolidar un modelo de financiación más estable y garantizar que las comunidades autónomas dispongan de mayores recursos para ofrecer una atención más ágil y de mayor calidad a las personas dependientes y a sus familias.
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