Los grados universitarios de tres años desaparecerán en el 2023

El Gobierno está preparando un cambio que supondría la desaparición de los grados universitarios de tres años, previsiblemente, en 2023. Se trata de una de las medidas incluidas en la nueva versión del real decreto sobre enseñanzas universitarias.

De esta forma, el Ministerio de Universidades deja un plazo de dos años a los campus universitarios para que procedan a la adaptación de este tipo de titulaciones a carreras universitarias de cuatro años.

Según Cadena SER, el Ejecutivo plantea aprobar la medida de forma inminente.

Al inicio de ese curso escolar, todos los grados universitarios de tres años pasarán a ser de cuatro

El cambio afectaría fundamentalmente al modelo de grados universitarios instaurados por el ministro Ignacio Wert durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la tipología conocida popularmente como 3+2 (Plan Bolonia).

Estas titulaciones suscitaron numerosas quejas, tanto de rectores como de estudiantes, que apuntaban a que ese formato favorecía la realización de másteres y posgrados con el coste que ello suponía.

Por otra parte, y según el texto que ha conocido la Cadena SER, sí existiría una excepción a esta nueva medida. Los grados universitarios de tres años se mantendrían en los centros universitarios radicados en los llamados supercampus europeos que permiten estudiar una carrera en varios países.

Aquellos estudiantes que estén cursando uno de estos grados universitarios cuando tenga lugar la aplicación de la norma no tendrían que realizar un año más y podrán finalizar sus estudios en el plazo previsto.

Los universitarios se oponen a la nueva Ley de Universidades

A finales de agosto, se presentó en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universidades(LOSU), uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de coalición firmado en 2019, con el objetivo de crear una normativa que modernice el sistema universitario.

La LOSU, que sustituirá a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, busca el máximo consenso posible con la comunidad universitaria y con los grupos parlamentarios, con quienes el ministro de Universidades, Manuel Castells, lleva meses discutiendo el proyecto.

Desde el ministerio que dirige Castells, se plantean varios puntos principales para la implantación gradual de esta nueva ley, que culminaría en 2023 y que giran en torno a la gobernanza y estructura universitaria; financiación; docencia e investigación; estudiantes, y personal docente e investigador.

Sindicatos, estudiantes y rectores argumentan que no han sido consultados. Además, aducen que se trata de un texto ambiguo, que “deja muchos cabos sueltos” y que supone un “grave retroceso” en algunos aspectos, como el cambio en el modelo de designación de los rectores. 

“Se ocupa extensamente de definir un nuevo modelo de gobierno de la universidad pública presidencialista y gerencial en torno a la figura del rector/rectora, en detrimento de la participación democrática y de la transparencia de los órganos de gobierno y de representación”, señala la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO). La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) se ha pronunciado al respecto en la misma línea, considerando que su voto se verá perjudicado.

El documento señala además, las bajas cifras de profesorado extranjeros en las platillas, pero no hace referencia a la causa más obvia: que el salario de un profesor doctor en nuestro país, en cualquiera de las categorías laborales o funcionariales, es muy inferior al salario de sus homólogos en la mayoría de las universidades del centro y norte de Europa.

Deberíamos preguntarnos si creemos que será exitoso diseñar un cambio de estatuto para favorecer la internacionalización sin los resortes de financiación necesarios para ello.

El real decreto que está ultimando el Gobierno afectaría a 24 titulaciones, la mayoría de ellas impartidas en la privada

Los grados universitarios de 3 años en España suelen ser títulos propios de universidades enfocados a las nuevas tecnologías y el diseño digital como por ejemplo la creación de videojuegos, de aplicaciones webs y otras especialidades muy tecnológicas.

La fórmula que utiliza Educación es obligar a que todos los grados de 180 créditos (tres años) pasen a tener 240 (cuatro años). El cambio, según el citado borrador, será "rápido y específico" con la colaboración de una agencia de evaluación y la orientación de la universidad.

Así las cosas, el real decreto mantiene la estructura educativa en tres etapas (grado, máster y doctorado). 

El plan de Castells plan también se enfoca a reestructurar el actual modelo y eliminar aquellos centros que tengan menos de 10 grados adheridos a su programa educativo. Un inconveniente para las universidades más pequeñas, muchas de ellas de titularidad privada, que están especializadas en áreas concretas como los negocios.