No se está cumpliendo con la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en las universidades

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Defensor del Pueblo que abra una investigación general a las universidades públicas por el incumplimiento “muy extendido” de su obligación legal de aplicar la cuota de reserva vigente en el acceso al empleo en favor de personas con discapacidad entre el personal docente e investigador.

Como en cualquier Administración pública, en el ámbito universitario también rige el deber legal de reservar una cuota de empleo para personas con discapacidad

Una obligación que las universidades han de operativizar implantando los procesos apropiados, para lo cual han de adaptar la normativa de función pública a las peculiaridades de la provisión de puestos de este tipo de empleados públicos en la esfera de la educación superior.

Los procesos por parte de las universidades han de dirigirse a que la cuota se haga efectiva, no a exonerarse de ella o a convertirla en irrelevante, pretextando dificultades administrativas que esconden falta de voluntad para cumplir el mandato legal.

En este sentido, el Cermi reclama que investigue “una a una” qué universidades públicas han adoptado medidas efectivas para poner en práctica esta cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad y qué grado de cumplimiento han alcanzado.

Por último, el Cermi apela a la responsabilidad legal y social de las universidades públicas para que este deber, “tanto tiempo inobservado”, sea una realidad y se aprovechen todas las medidas de acción positiva para incrementar la presencia de personas con capacidades distintas entre el personal docente e investigador.

Mirando el lado positivo, este año se ha alcanzado la cifra máxima de universitarios con discapacidad. Un total de 22.818 estudiantes estudiantes de este colectivo están realizando sus cursos en las universidades españolas, según recoge la Fundación Universia, aunque apenas representan un 1,5 % del total de universitarios en nuestro país.

Por el empleo y la inclusión real de las personas con discapacidad

Las universidades, al igual que las empresas están obligadas a reservar una cuota de puestos de trabajo para empleados con discapacidad.

Entidades de todos los niveles, parece que son cada vez más conscientes de la importancia de la inclusión y de que esta diversidad de perfiles, en todo caso, solo suma.

Las sociedades, comunidades e instituciones progresan cuando hay espacio para todos y, aun así, seguimos lejos de una verdadera inclusión.

El año pasado, la Fundación Adecco publicó una previsión nada alentadora: la plena inclusión de las personas con discapacidad no se producirá hasta el año 2249. Una de las principales causas que se señalan es que la inclusión de las personas con discapacidad no se producirá “hasta que su participación en el empleo sea similar a la del resto de la población”.

Junto a la implicación por parte de la sociedad y organismos privados, también se espera el compromiso de las universidades públicas para garantizar la inclusión, pues son las que en los próximos años podrán recibir a estudiantes en el mercado laboral.      

Según el INE, en España, la tasa de empleo del colectivo está 40 puntos por debajo de la misma tasa en la población sin ninguna necesidad diferente. Más del 65 % de las personas con discapacidad en edad de trabajar no tienen empleo ni lo buscan, debido a unas barreras previas que dificultan su acceso al mercado laboral y también a la educación.